Año 2008: el 4 de mayo en Santa Cruz de la Sierra, 1 de junio en Beni y Pando y el 22 de junio en Tarija,

fueron aprobados los estatutos autonómicos de estos tres departamentos mediante referéndum en sus jurisdicciones. Meses antes dichas normas fueron elaboradas por consejos preautonómicos. Estos cuatro actos simbolizan la incorporación al debate nacional de una novedad que hasta ese entonces estaba ausente y presentaron un desafío gigantesco al oponerse en muchos aspectos² al proyecto de Constitución Política del Estado aprobado en la ciudad de Oruro en diciembre de 2007³

Si bien los estatutos representaban una novedad para el contexto Boliviano la posible inspiración española e italiana nos recuerdan que otros países no federales también tienen estatutos. “Cada Región tendrá un Estatuto que determine, de acuerdo con la Constitución, su forma de gobierno y sus principios fundamentales de organización y funcionamiento…….”⁴ “Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”⁵.

Esta comparación internacional y la intimidad del proceso boliviano nos servirán para lograr una mayor aproximación conceptual. España y Bolivia coinciden en la definición de estatutos y cartas orgánicas (para el caso boliviano) como la norma institucional básica. Entonces, la primera conclusión es que el estatuto o carta orgánica es parte del ordenamiento jurídico del Estado que lo posea, es una norma.⁶

Ahora bien como norma se diferencia de otras y adquiere un carácter especial por tres características: i) no es una norma sectorial o específica, más bien trata de regular las relaciones de poder en general del departamento, norma por ejemplo el sistema electoral de sus autoridades; ii) su aprobación es por vía referendaria, lo cuál hace que su reforma, al menos en los temas mas sensibles, requiera la aprobación ciudadana y iii) su modificación se rige por sus propios mecanismos no pudiendo una norma de igual jerarquía alterarla.

En Bolivia, a diferencia de España e Italia, más de un nivel territorial tiene estatutos y cartas orgánicas. Nuevamente y como se vio en la conceptualización de “igualdad jerárquica constitucional”, se entendió que este último concepto necesitaba para lograr su expresión real que las entidades que gozarán de autonomía adquirieran una norma básica institucional. Como las entidades autónomas no se restringen al nivel departamental también se amplio el estatuto para las autonomías indígenas y para el nivel municipal. Este último sufrió una modificación en el nombre de estatuto, llamándolo carta orgánica, y en su carácter de obligatoriedad puesto que para los municipios el tener una carta orgánica no representa una obligación.⁷ Pese a eso su semejanza con el estatuto en términos de esencia se mantiene inalterada.

Las regiones autónomas también gozan del estatuto pese a su reducida cualidad respecto a las otras autonomías.