La Democracia directa y participativa es una de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política del Estado (Artículo 11°). Se ejerce mediante la participación directa de la ciudadanía en la deliberación de los asuntos públicos y, a través del voto, en la toma de decisiones colectivas. Incluye también, conforme a Ley, mecanismos de participación en la formulación de políticas públicas y de control social sobre la gestión pública.

El ejercicio de la democracia directa y participativa en Bolivia se remonta a la reforma constitucional de 2004 en la que, como resultado de la demanda ciudadana (en especial la llamada “Guerra del Gas” de octubre de 2003), se reconocieron en la Constitución, además de la democracia representativa, los mecanismos institucionales de referendo, iniciativa legislativa ciudadana y Asamblea Constituyente. En julio de 2004, con el referendo nacional sobre la política de hidrocarburos, se inició la era de referendos en nuestra democracia moderna. Y con la elección de constituyentes en julio de 2006 y la aprobación en referendo (enero de 2009) de una nueva Constitución Política del Estado, se inauguró el mecanismo de reforma total de la Constitución mediante Asamblea Constituyente.

¿Cuáles son los mecanismos institucionales para el ejercicio de la Democracia directa y participativa en Bolivia? Son los siguientes:

a) Referendo: es un mecanismo de participación directa de la ciudadanía para decidir, con su voto, sobre asuntos estratégicos para el país. Los resultados del referendo son de carácter vinculante, esto es, de cumplimiento obligatorio.

En Bolivia se reconoce históricamente el Referendo de 1931 como el antecedente de esta forma de decisión, aunque no había voto universal. En la era democrática actual, el primer referendo nacional tuvo lugar en julio de 2004 en relación a la política de hidrocarburos. Luego, en julio de 2006, por iniciativa popular, tuvo lugar el referendo nacional sobre las autonomías. El tercer referendo nacional se realizó en enero de 2009 para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Y en diciembre de 2009 tuvimos en Bolivia referendos por autonomías en cinco departamentos, una provincia y doce municipios.

b) Revocatoria de mandato: es un mecanismo por el cual la ciudadanía, mediante el voto, puede revocar el mandato de los gobernantes y representantes electos antes de que se cumpla su período de funciones. Su efecto es inmediato en el caso de las autoridades revocadas.

Aunque no estaba reconocido en la anterior Constitución Política del Estado, en Bolivia tuvimos, en agosto de 2008, convocado por Ley, un Referendo de revocatoria de mandato para Presidente y Vicepresidente y para los Prefectos de Departamento. Más que revocatorio este referendo fue, en rigor, un referendo ratificatorio. Como resultado de este ejercicio democrático fueron revocados de su mandato los prefectos de La Paz y Cochabamba.

c) Asambleas y cabildos: son mecanismos de carácter deliberativo mediante los cuales la ciudadanía, reunida en espacios públicos, aborda asuntos colectivos, los discute y fija posiciones colectivas. No tienen carácter vinculante.

Bolivia tiene una larga tradición de asambleas, en especial en las organizaciones sociales y sindicatos y de cabildos, en particular en las regiones del país. En nuestra historia reciente hubo dos cabildos de gran relevancia política: el “Cabildo del millón”, en diciembre de 2006, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en demanda de las autonomías departamentales; y el “Cabildo de los dos millones”, en julio de 2007, en la ciudad de El Alto de La Paz, en defensa de la sede de gobierno.

d) Consulta previa: es un mecanismo institucional de carácter concertado, previo y obligatorio por el cual las autoridades de gobierno deben consultar a la ciudadanía, que participa de manera libre e informada, respecto a la explotación de recursos naturales en determinado territorio y sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos la consulta previa, que no tiene carácter vinculante pero busca el consentimiento, debe realizarse respetando sus normas y procedimientos propios.

La Ley del Régimen Electoral establece un mecanismo por el cual el Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), realiza la observación y acompañamiento de los procesos de consulta previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas. Está prevista una norma específica que regule los procedimientos de consulta previa.

e) Asamblea Constituyente: es un mecanismo institucional para la reforma total de la Constitución Política del Estado.

Como resultado de un prolongado proceso constituyente iniciado en 1990 con la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” de los pueblos indígenas de tierras bajas, en Bolivia se eligieron 255 constituyentes en julio de 2006, los que elaboraron un proyecto de nueva Carta Fundamental hasta diciembre de 2007. Luego de conflictos y de escenarios de concertación con los prefectos y en el Congreso Nacional, se convocó a Referendo Nacional Constituyente en enero de 2009 para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. La norma prevé los mecanismos para la reforma total de la Constitución mediante convocatoria a Asamblea Constituyente.

f) Iniciativa legislativa ciudadana: es un mecanismo institucional por el cual la ciudadanía puede presentar proyectos de ley y encauzar su tratamiento correspondiente por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De este modo la iniciativa legislativa no queda reservada únicamente a los órganos del poder público.

El derecho ciudadano a la iniciativa legislativa se reconoció recién al año 2004 con la reforma constitucional. Desde entonces diversos actores y sectores de la sociedad civil han presentado diferentes proyectos de ley. Este mecanismo se preserva en la nueva Constitución Política del Estado y su ejercicio está regulado en Reglamento por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

g) Participación y control social: es un mecanismo institucional, reconocido en la Constitución Política del Estado, mediante el cual la sociedad civil participa en el diseño de las políticas públicas y ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, así como respecto a la calidad de los servicios públicos.

La nueva Ley Fundamental (Artículos 241º y 242º) reconoce el derecho ciudadano a la participación y el control social. Este mecanismo ha sido ya incorporado en las leyes del Órgano Electoral Plurinacional, del Órgano Judicial, del Régimen Electoral y en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Está prevista la aprobación de una Ley de Participación y Control Social que establezca el marco general para su ejercicio.