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Participación y Control Social

Participación y Control Social

Una de las principales innovaciones de la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia, en materia de derechos ciudadanos y ampliación de la democracia, tiene que ver con el reconocimiento normativo de la Participación y el Control social. Participación en el diseño y formulación de las políticas públicas. Control social, a su vez, sobre la gestión pública en todos los niveles del Estado y a la calidad de los servicios públicos. Se trata, entonces, más allá del voto, de un importante mecanismo de democracia directa y participativa.

¿En qué consiste la participación y control social? A reserva de la Ley específica que normará el alcance y procedimientos en esta materia, la Constitución establece los principios generales para su ejercicio. El sujeto de la participación y control social es la sociedad civil, esto es, el conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad con capacidad de acción colectiva y toma de decisiones en el ámbito público. Por definición, la sociedad civil no depende ni del Estado (poder político) ni del mercado (poder económico).

Ejemplos de actores de la sociedad civil, entre otros, son los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales, las asociaciones cívicas, los sindicatos, las organizaciones vecinales-barriales y otras organizaciones sin fines de lucro.

Respecto al alcance de la participación y control social, se establece con claridad que la participación tiene que ver con una presencia directa de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, es decir, en su formulación, ejecución y, claro, evaluación. Ello incluye el apoyo al Órgano Legislativo “en la construcción colectiva de las leyes”. El control social, en tanto, se refiere al establecimiento de mecanismos de seguimiento a la gestión pública misma en todas las instancias del Estado, tanto a nivel central como en las entidades territoriales autónomas. Esta labor de supervisión ciudadana se hace extensiva a la calidad de los servicios públicos y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

¿Y las condiciones para el ejercicio de la participación y control social? Con el propósito de que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar de manera plural y efectiva su labor de participación y de control social, la Ley Fundamental establece la obligatoriedad de que todas las entidades del Estado generen los espacios y mecanismos necesarios y suficientes para el efecto. Ello supone una condición fundamental, que es el acceso pleno a la información y su entrega completa, veraz, adecuada y oportuna. Es decir, sin acceso transparente a la información documentada no es posible la participación y el control social. Está prevista también una norma específica que regule esta materia en el marco del derecho humano a la información y comunicación reconocido en la Constitución Política del Estado.

Estamos entonces ante un mecanismo democrático transversal para garantizar que el ejercicio del poder público y la toma de decisiones colectivas, en todos los ámbitos y niveles territoriales, se hagan en consulta permanente con la ciudadanía y no por imposición o de modo autoritario. Ello supone el reconocimiento de derechos individuales y colectivos. E implica que la participación y el control social pueden ser ejercidos, sin ningún tipo de discriminación, por todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, de manera individual o por medio de sus organizaciones.

¿Cuáles son los avances normativos respecto a la participación y el control social? Sobre la base de los criterios generales establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes orgánicas sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de asumir la Participación y control social como un principio de observancia obligatoria, definen algunos aspectos importantes para su ejercicio:

La Ley del Órgano Electoral Plurinacional establece la obligatoriedad de que las autoridades electorales nacionales y departamentales presenten, para fines de control social, en acto público, el informe de labores y rendición de cuentas de cada gestión.

La Ley del Régimen Electoral establece una serie de mecanismos para que la sociedad civil participe en el ejercicio de la función electoral y la garantía de los derechos políticos, en misiones de acompañamiento en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, y en la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas y propaganda electoral.

La Ley del Órgano Judicial establece que en el proceso de postulación, preselección y selección de las principales autoridades jurisdiccionales habrá una participación activa de las instancias del Control social.

La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que en el proceso de postulación, preselección y selección de sus magistrados habrá participación activa de las instancias del Control social.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece en un Capítulo el marco general de la participación y control social en las entidades territoriales autónomas, que tienen la obligación de garantizarla en su normativa.

Por último es importante señalar que está en agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la presente gestión, la sanción de una Ley de Participación y Control Social que defina los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas requeridos para garantizar plenamente su ejercicio, en el marco de la Constitución Política del Estado.

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