La democracia moderna, por definición y escala, en su base, es representativa. Ello significa que las ciudadanas y los ciudadanos, auténticos titulares de la soberanía popular, eligen autoridades y representantes y, mediante el voto, por un cierto período de tiempo, les otorgan el mandato de gestionar los asuntos públicos y de tomar las decisiones fundamentales para el beneficio de toda la sociedad. Ello no implica, es bueno aclararlo, que la democracia sea solamente representativa. Ya está visto que la Democracia intercultural boliviana supone la complementariedad, al menos, de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria. La elección de representantes tampoco significa que la soberanía popular se ejerza solamente por medio de la delegación; puede ejercerse, también, de manera directa, por el pueblo.

Asumidas esas premisas, la representación política en la Democracia intercultural, para el acceso a los cargos de gobierno y de representación, asume la existencia de organizaciones políticas que, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, son los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originaria campesinas con personalidad jurídica otorgada por el Órgano Electoral Plurinacional para participar en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Estas organizaciones políticas tienen la responsabilidad de postular a las candidatas y los candidatos a cargos públicos de elección popular.

Está claro que, en una democracia, la organización y el funcionamiento de las organizaciones políticas deben ser democráticos. Ello supone que la competencia democrática en las urnas se asienta sobre el pluralismo político, así como en la existencia de mayorías y el reconocimiento-respeto de las minorías. Supone también que hay democracia interna en las organizaciones políticas para la elección de sus dirigencias y para la definición de sus candidaturas. Y se asume que en las dirigencias políticas y en las candidaturas a cargos públicos se garantiza la igual participación de mujeres y hombres, con criterios de paridad y alternancia, así como la inclusión de actores tradicionalmente marginados como los indígena originario campesinos.

La democracia electoral boliviana resultante de la transición se asentó en el voto individual y en la conformación de un conjunto de partidos políticos: unos tradicionales-sistémicos (MNR, ADN, MIR y aliados menores), otros denominados neopopulistas (CONDEPA y UCS) y otros identificados como de izquierda nacional (MBL e IU). Estos partidos gobernaron en el período de la llamada “democracia pactada” mediante coaliciones multipartidistas que garantizaban mayorías parlamentarias y la distribución de cuotas de poder en los distintos niveles del gobierno. Este modelo hizo crisis, y se derrumbó, en la primera mitad de la década de los noventa del siglo pasado. En su lugar se organizaron otras fuerzas políticas con carácter partidario y, lo más importante, instrumentos políticos de los movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

¿Cómo se conforman las organizaciones políticas y con qué requisitos? A reserva de la aprobación de una futura Ley de las Organizaciones Políticas, la norma vigente que regula la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos, así como las fusiones y alianzas, es la Ley de Partidos Políticos (junio de 1999). Esta norma se complementa con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (julio de 2004). En ese marco, la constitución de organizaciones políticas en Bolivia supone contar, como mínimo, además de requisitos formales, con lo siguiente:

Nombre, sigla, símbolos y colores adoptados por la organización política.

Padrón de militantes, equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos en la última elección presidencial.

Declaración de Principios.

Estatuto Orgánico.

Programa de Gobierno.

Dirección Nacional elegida democráticamente.

Declaración patrimonial

En ese marco, las organizaciones políticas, conformadas por asociación voluntaria, se definen como “personas jurídicas de derecho público y sin fines de lucro”. En esa condición participan en la conformación de los órganos públicos y en la expresión de la voluntad popular. Para ello presentan candidaturas a uno o más puestos de gobierno y de representación. Hasta el primer semestre del año 2007 el Estado otorgaba un financiamiento a los partidos políticos para su participación en procesos electorales, pero dicho financiamiento fue anulado mediante Ley.

Un aspecto relevante respecto a las organizaciones políticas es que tanto su patrimonio como, en especial, sus fuentes de financiamiento y gastos de campaña y propaganda electoral, están sujetos a mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.

Y una asignatura pendiente en este campo es la reconfiguración de un nuevo sistema de representación política (más allá de los partidos) que, en el horizonte de la Democracia intercultural, mejore la calidad de la representación política, los mecanismos de participación ciudadana (más allá de las instituciones formales) y los mecanismos de responsabilidad y de rendición de cuentas (más allá del voto) para los representantes.