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Revocatoria de mandato

Participación y Control Social

{jcomments on}Una de las principales innovaciones de la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia, en materia de derechos ciudadanos y ampliación de la democracia, tiene que ver con el reconocimiento normativo de la Participación y el Control social. Participación en el diseño y formulación de las políticas públicas. Control social, a su vez, sobre la gestión pública en todos los niveles del Estado y a la calidad de los servicios públicos. Se trata, entonces, más allá del voto, de un importante mecanismo de democracia directa y participativa.

¿En qué consiste la participación y control social? A reserva de la Ley específica que normará el alcance y procedimientos en esta materia, la Constitución establece los principios generales para su ejercicio. El sujeto de la participación y control social es la sociedad civil, esto es, el conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad con capacidad de acción colectiva y toma de decisiones en el ámbito público. Por definición, la sociedad civil no depende ni del Estado (poder político) ni del mercado (poder económico).

Ejemplos de actores de la sociedad civil, entre otros, son los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales, las asociaciones cívicas, los sindicatos, las organizaciones vecinales-barriales y otras organizaciones sin fines de lucro.

Respecto al alcance de la participación y control social, se establece con claridad que la participación tiene que ver con una presencia directa de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, es decir, en su formulación, ejecución y, claro, evaluación. Ello incluye el apoyo al Órgano Legislativo “en la construcción colectiva de las leyes”. El control social, en tanto, se refiere al establecimiento de mecanismos de seguimiento a la gestión pública misma en todas las instancias del Estado, tanto a nivel central como en las entidades territoriales autónomas. Esta labor de supervisión ciudadana se hace extensiva a la calidad de los servicios públicos y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

¿Y las condiciones para el ejercicio de la participación y control social? Con el propósito de que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar de manera plural y efectiva su labor de participación y de control social, la Ley Fundamental establece la obligatoriedad de que todas las entidades del Estado generen los espacios y mecanismos necesarios y suficientes para el efecto. Ello supone una condición fundamental, que es el acceso pleno a la información y su entrega completa, veraz, adecuada y oportuna. Es decir, sin acceso transparente a la información documentada no es posible la participación y el control social. Está prevista también una norma específica que regule esta materia en el marco del derecho humano a la información y comunicación reconocido en la Constitución Política del Estado.

Estamos entonces ante un mecanismo democrático transversal para garantizar que el ejercicio del poder público y la toma de decisiones colectivas, en todos los ámbitos y niveles territoriales, se hagan en consulta permanente con la ciudadanía y no por imposición o de modo autoritario. Ello supone el reconocimiento de derechos individuales y colectivos. E implica que la participación y el control social pueden ser ejercidos, sin ningún tipo de discriminación, por todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, de manera individual o por medio de sus organizaciones.

¿Cuáles son los avances normativos respecto a la participación y el control social? Sobre la base de los criterios generales establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes orgánicas sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de asumir la Participación y control social como un principio de observancia obligatoria, definen algunos aspectos importantes para su ejercicio:

La Ley del Órgano Electoral Plurinacional establece la obligatoriedad de que las autoridades electorales nacionales y departamentales presenten, para fines de control social, en acto público, el informe de labores y rendición de cuentas de cada gestión.

La Ley del Régimen Electoral establece una serie de mecanismos para que la sociedad civil participe en el ejercicio de la función electoral y la garantía de los derechos políticos, en misiones de acompañamiento en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, y en la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas y propaganda electoral.

La Ley del Órgano Judicial establece que en el proceso de postulación, preselección y selección de las principales autoridades jurisdiccionales habrá una participación activa de las instancias del Control social.

La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que en el proceso de postulación, preselección y selección de sus magistrados habrá participación activa de las instancias del Control social.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece en un Capítulo el marco general de la participación y control social en las entidades territoriales autónomas, que tienen la obligación de garantizarla en su normativa.

Por último es importante señalar que está en agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la presente gestión, la sanción de una Ley de Participación y Control Social que defina los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas requeridos para garantizar plenamente su ejercicio, en el marco de la Constitución Política del Estado.

 

Sistema Electoral

 

{jcomments on}El diseño institucional en una democracia es fundamental bajo la convicción de que las reglas inciden en los resultados. Esto es más evidente cuando se definen las reglas –en su caso fórmulas– para la conversión de votos en escaños (puestos de representación). En el caso de la Democracia intercultural boliviana, la Ley del Régimen Electoral mantiene con algunas variaciones el sistema electoral mixto vigente hasta el presente, esto es, una combinación de criterios mayoritarios y de criterios de representación proporcional. Este carácter mixto está reconocido como un principio democrático.

¿En qué consiste la regla de mayoría? En la definición de que para acceder a un cargo de gobierno o de representación una candidatura debe obtener la mayoría absoluta de votos (50 por ciento más uno), la mayoría relativa (un voto más que las demás candidaturas) o alguna mayoría especial definida en la norma (por ejemplo, para el caso de la elección de Presidente y Vicepresidente, en caso de no obtener la mayoría absoluta, se prevé que una candidatura será proclamada ganadora si obtiene el 40% de votos con una diferencia de al menos 10 puntos respecto al segundo).

El criterio mayoritario en nuestra democracia se aplica en la elección de Presidente y Vicepresidente (mayoría absoluta y, en su caso, mayoría especial), Gobernadores (mayoría absoluta) y Alcaldes (mayoría simple), así como en la elección de diputados en circunscripciones plurinominales y en circunscripciones indígena originario campesinas (mayoría simple) y en la elección de asambleístas departamentales por territorio (mayoría simple). Se aplica también (mayoría simple) en la elección de autoridades jurisdiccionales y en la elección de representantes ante organismos supraestatales.

¿Y la representación proporcional? Tiene que ver con la adopción de fórmulas de asignación de escaños en circunscripciones plurinominales. El supuesto es que dicha asignación debe expresar lo más proporcionalmente posible el porcentaje de votación obtenido por las fuerzas políticas. Es decir, en esta caso el ganador no se lleva todo, sino que hay distintos ganadores de acuerdo al respaldo electoral obtenido.

El criterio de representación proporcional en la Democracia intercultural boliviana se aplica en la elección de senadores (4 por Departamento, distribuidos proporcionalmente), en la elección de diputados plurinominales (de acuerdo al número de diputados definido para cada Departamento), asambleístas departamentales por población (según el número establecido en cada caso) y concejales municipales (de acuerdo a la votación obtenida en el municipio).

La importancia de preservar un sistema electoral mixto tiene que ver con la búsqueda simultánea de dos propósitos:

Mayoritario: constituir mayorías para garantizar la gobernabilidad y la eficacia en la toma de decisiones.

Proporcional: incluir minorías para garantizar la legitimidad, la representatividad, el pluralismo político y la expresión de la diversidad.

Otro tema importante en relación al sistema electoral mixto renovado en la reforma electoral boliviana tiene que ver con lo que se conoce como corrección de proporcionalidad. ¿En qué consiste? Con el propósito de asegurar la mayor proporcionalidad posible entre el porcentaje de votos obtenido por una fuerza político y el número de representantes que le son asignados, se establecen los siguientes “correctivos” en caso de que una fuerza política pueda tener sobre-representación:

i. Del total de escaños que corresponda a una organización política, se restan los obtenidos en circunscripciones uninominales. Los escaños restantes son adjudicados a la lista de candidatas y candidatos plurinominales, hasta alcanzar el número proporcional que le corresponda.

ii. Si el número de representantes elegidos en circunscripciones uninominales fuera mayor al que le corresponda proporcionalmente a una determinada organización política, la diferencia será cubierta restando escaños plurinominales a las organizaciones políticas que tengan los cocientes más bajos de votación en la distribución por divisores en estricto orden ascendente del menor al mayor.

De acuerdo a la Leu del Régimen Electoral, esta fórmula técnica se aplica para la asignación de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No está prevista, en cambio, para la elección de asambleístas departamentales, en razón de que los asambleístas plurinominales, al igual que los uninominales, son elegidas en listas separadas a la del candidato a Gobernador.

Órgano Electoral Plurinacional

{jcomments on}El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es un nuevo órgano del poder público reconocido en la Constitución Política del Estado. Tiene igual jerarquía a la de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los cuales se relaciona sobre la base de la independencia, separación, coordinación y cooperación. El Órgano Electoral Plurinacional asume competencia para el ejercicio de la función electoral en todo el territorio del Estado plurinacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior, con el propósito de garantizar el ejercicio de la Democracia intercultural.

En el marco del proceso Constituyente y la refundación del Estado, el recién conformado Órgano Electoral Plurinacional reemplaza a la Corte Nacional Electoral (CNE), que fue la institucionalidad de la democracia pactada en el país. En esa condición, en lugar de limitarse a organizar el voto individual, el OEP define su jurisdicción, competencias, obligaciones, atribución, organización y funcionamiento con el propósito declarado de gestionar la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria.

¿Cuál es la composición del Órgano Electoral Plurinacional? De acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, se establece la siguiente institucionalidad:

a) Tribunal Supremo Electoral: Está compuesto por siete vocales, seis elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y uno designado por el Presidente del Estado plurinacional. Al menos tres vocales deben ser mujeres y al menos dos de origen indígena originario campesino.

b) Tribunales Electorales Departamentales: Están compuestos, en cada caso, por cinco vocales, cuatro elegidos por la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional –de ternas conformadas por las Asambleas Departamentales– y uno designado por el Presidente del Estado plurinacional.

c) Juzgados Electorales: Están compuestos por jueces electorales designados en cada Departamento por el Tribunal Electoral Departamental para preservar los derechos y garantías en procesos electorales referendos y revocatorias de mandato.

d) Notarios Electorales: Son las autoridades electorales designadas en cada Departamento por el Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de apoyo logístico y operativo y para dar fe de los actos electorales en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato en los recintos que les son asignados.

e) Jurados de las mesas de sufragio: Son las ciudadanas y ciudadanos elegidos por sorteo del padrón electoral, que se constituyen en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y son responsables de su organización y funcionamiento.

En relación a los tribunales electorales, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional define con precisión sus competencias para el ejercicio exclusivo de la función electoral, así como un conjunto de obligaciones y nuevas-renovadas atribuciones en el marco de la complementariedad de las formas de democracia directa y participativa, representativa y comunitaria, la administración del registro civil y padrón electoral, y la función jurisdiccional respecto a los procesos democráticos y las organizaciones políticas.

Así, el Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:

- electorales para garantizar el ejercicio del sufragio universal en los distintos niveles de elección de autoridades y representantes, referendos y revocatorias de mandato;

- de registro civil y electoral, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos como condición para el ejercicio de sus derechos políticos;

- jurisdiccionales, referidas al conocimiento y resolución de controversias en materia electoral, de registro y de las organizaciones políticas;

- para el fortalecimiento democrático, orientadas a la construcción colectiva de una cultura democrática intercultural;

- vinculadas a la legislación, en términos de iniciativa legislativa en materias electorales, de registro y de organizaciones políticas;

- sobre las organizaciones políticas, para efectos de su reconocimiento, fiscalización y supervisión del cumplimiento de la normativa para la elección de sus dirigencias y definición de sus candidaturas; y,

- administrativas, con el propósito de garantizar la organización y funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional.

Si bien en la norma no figuran de manera explícita como atribuciones, se considera también importante la supervisión del ejercicio de la democracia comunitaria, esto es, el cumplimiento de las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la elección y designación de sus candidaturas y representantes. Todas estas atribuciones, excepto las de registro civil y electoral que son competencia privativa del nivel central del Estado, corresponden también a los Tribunales Electorales Departamentales, por delegación y bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral.

Por último es importante señalar que en la estructura del Órgano Electoral Plurinacional la norma prevé la creación de tres instancias fundamentales: el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

Propaganda electoral y difusión de encuestas

{jcomments on}En el marco de la reforma electoral impulsada en Bolivia para su adecuación normativa a la nueva Constitución Política del Estado, las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y, en especial, del Régimen Electoral establecen un avanzado régimen de regulación de la propaganda electoral y de la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Se trata de un marco normativo orientado a garantizar, en estas materias, el ejercicio en democracia del derecho fundamental a la información y la comunicación por parte de la ciudadanía.

¿Cómo se regula la propaganda electoral? Bajo los preceptos de pluralismo, participación informada, equidad de género, acceso equitativo, énfasis programático y responsabilidad social, la norma vigente define con precisión los siguientes aspectos:

Sujetos autorizados para la realización de propaganda electoral, en especial en medios de comunicación: las organizaciones políticas en procesos electorales y, además, las organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en referendos y revocatorias de mandato.

Período de propaganda electoral: noventa (90) días antes de los comicios para los actos públicos de campaña y treinta (30) días antes para la difusión de propaganda en medios de comunicación, hasta setenta y dos (72) horas antes de la jornada electoral.

Registro de medios de comunicación: todos los medios que deseen habilitarse para difundir propaganda electoral deben registrarse obligatoriamente ante el Órgano Electoral Plurinacional, incluyendo la inscripción de sus tarifas, que no deben ser superiores a las tarifas comerciales.

Límites: se establecen límites máximos para la difusión de propaganda (10 minutos diarios en redes y canales de televisión, 10 minutos diarios en redes o estaciones de radio y dos páginas diarias y una separata semanal de 12 páginas en los medios impresos.

Prohibiciones: se definen un conjunto de prohibiciones para la propaganda electoral a fin de evitar el anonimato, la “guerra sucia”, la violencia, la prebenda, el uso de recursos públicos y el uso de símbolos con fines electorales. El incumplimiento de estas prohibiciones da lugar a multas y sanciones tanto para las organizaciones políticas como para los medios de comunicación.

Campaña electoral: se establecen también regulaciones para los actos públicos de campaña electoral, incluida la prohibición expresa del uso de recursos públicos y la realización de proselitismo por parte de los servidores públicos.

¿Y cómo se regula la difusión de estudios con fines electorales? En el marco de los preceptos de calidad técnica, publicidad y transparencia y responsabilidad social, la Ley del Régimen Electoral define normas para la elaboración y difusión de encuestas preelectorales, bocas de urna y conteos rápidos. El propósito es garantizar que estos estudios contribuyan a la participación informada de la ciudadanía y no se conviertan en instrumentos de manipulación y de propaganda. Al respecto, se define lo siguiente:

Sujetos (no) autorizados: los medios de comunicación, las empresas especializadas y las entidades académicas están facultadas para realizar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión. Para el efecto tienen que registrarse ante el Órgano Electoral Plurinacional. No están habilitados las organizaciones políticas, los organismos internacionales y las misiones de acompañamiento electoral.

Período de difusión: la norma establece que la difusión de encuestas preelectorales puede hacerse hasta el domingo anterior a la jornada de votación; en tanto que la difusión de bocas de urna y conteos rápidos puede hacerse a partir de las veinte horas del día de los comicios.

Características técnicas: se define que todos los estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión deben elaborarse en estricto cumplimiento de los criterios técnicos y metodológicos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral mediante Reglamento.

Requisitos para la difusión: los resultados de estudios de opinión en materia electoral que sean difundidos por cualquier medio de comunicación deben señalar claramente la ficha técnica del estudio, la identidad de quienes financiaron y realizaron el estudio, y la presentación obligatoria de los datos como “Resultados no oficiales”.

Se establecen también prohibiciones, así como sanciones para las entidades que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral incumpliendo la normativa.

Tanto para la supervisión de la propaganda electoral como para la difusión de estudios de opinión en materia electoral se establece un sistema de monitoreo a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE). Se definen también los procedimientos para la suspensión de propaganda que infrinja las prohibiciones establecidas, así como para el establecimiento de multas y sanciones.

Representación y organizaciones políticas

 

{jcomments on}La democracia moderna, por definición y escala, en su base, es representativa. Ello significa que las ciudadanas y los ciudadanos, auténticos titulares de la soberanía popular, eligen autoridades y representantes y, mediante el voto, por un cierto período de tiempo, les otorgan el mandato de gestionar los asuntos públicos y de tomar las decisiones fundamentales para el beneficio de toda la sociedad. Ello no implica, es bueno aclararlo, que la democracia sea solamente representativa. Ya está visto que la Democracia intercultural boliviana supone la complementariedad, al menos, de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria. La elección de representantes tampoco significa que la soberanía popular se ejerza solamente por medio de la delegación; puede ejercerse, también, de manera directa, por el pueblo.

Asumidas esas premisas, la representación política en la Democracia intercultural, para el acceso a los cargos de gobierno y de representación, asume la existencia de organizaciones políticas que, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, son los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originaria campesinas con personalidad jurídica otorgada por el Órgano Electoral Plurinacional para participar en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Estas organizaciones políticas tienen la responsabilidad de postular a las candidatas y los candidatos a cargos públicos de elección popular.

Está claro que, en una democracia, la organización y el funcionamiento de las organizaciones políticas deben ser democráticos. Ello supone que la competencia democrática en las urnas se asienta sobre el pluralismo político, así como en la existencia de mayorías y el reconocimiento-respeto de las minorías. Supone también que hay democracia interna en las organizaciones políticas para la elección de sus dirigencias y para la definición de sus candidaturas. Y se asume que en las dirigencias políticas y en las candidaturas a cargos públicos se garantiza la igual participación de mujeres y hombres, con criterios de paridad y alternancia, así como la inclusión de actores tradicionalmente marginados como los indígena originario campesinos.

La democracia electoral boliviana resultante de la transición se asentó en el voto individual y en la conformación de un conjunto de partidos políticos: unos tradicionales-sistémicos (MNR, ADN, MIR y aliados menores), otros denominados neopopulistas (CONDEPA y UCS) y otros identificados como de izquierda nacional (MBL e IU). Estos partidos gobernaron en el período de la llamada “democracia pactada” mediante coaliciones multipartidistas que garantizaban mayorías parlamentarias y la distribución de cuotas de poder en los distintos niveles del gobierno. Este modelo hizo crisis, y se derrumbó, en la primera mitad de la década de los noventa del siglo pasado. En su lugar se organizaron otras fuerzas políticas con carácter partidario y, lo más importante, instrumentos políticos de los movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

¿Cómo se conforman las organizaciones políticas y con qué requisitos? A reserva de la aprobación de una futura Ley de las Organizaciones Políticas, la norma vigente que regula la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos, así como las fusiones y alianzas, es la Ley de Partidos Políticos (junio de 1999). Esta norma se complementa con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (julio de 2004). En ese marco, la constitución de organizaciones políticas en Bolivia supone contar, como mínimo, además de requisitos formales, con lo siguiente:

Nombre, sigla, símbolos y colores adoptados por la organización política.

Padrón de militantes, equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos en la última elección presidencial.

Declaración de Principios.

Estatuto Orgánico.

Programa de Gobierno.

Dirección Nacional elegida democráticamente.

Declaración patrimonial

En ese marco, las organizaciones políticas, conformadas por asociación voluntaria, se definen como “personas jurídicas de derecho público y sin fines de lucro”. En esa condición participan en la conformación de los órganos públicos y en la expresión de la voluntad popular. Para ello presentan candidaturas a uno o más puestos de gobierno y de representación. Hasta el primer semestre del año 2007 el Estado otorgaba un financiamiento a los partidos políticos para su participación en procesos electorales, pero dicho financiamiento fue anulado mediante Ley.

Un aspecto relevante respecto a las organizaciones políticas es que tanto su patrimonio como, en especial, sus fuentes de financiamiento y gastos de campaña y propaganda electoral, están sujetos a mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.

Y una asignatura pendiente en este campo es la reconfiguración de un nuevo sistema de representación política (más allá de los partidos) que, en el horizonte de la Democracia intercultural, mejore la calidad de la representación política, los mecanismos de participación ciudadana (más allá de las instituciones formales) y los mecanismos de responsabilidad y de rendición de cuentas (más allá del voto) para los representantes.

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