La Paz.- (26.09.11) El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza,  recibió este lunes, a las 12.30 hora boliviana, a la delegación del gobierno boliviano que explicó los principales aspectos sobre la intervención a la marcha indígena y al bloqueo de campesinos en Yucumo, en el departamento de Beni.

La Comisión que está conformada por el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta y la ministra de transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, sostuvieron el día de hoy dos reuniones formales con personeros de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Ambos representantes de Gobierno Boliviano además de explicar las razones, fundamentos y el trámite seguido para la construcción de la carretera denunciaron formalmente el secuestro y los vejámenes sufridos por el Canciller del Estado David Choquehuanca Céspedes.

La misión que se encuentra en Washington sostuvo la primera reunión en horas de la mañana con la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Elizabeth Abi-Mershed, junto a ella un grupo de técnicos del organismo internacional donde, durante más de una hora, explicaron ampliamente los antecedentes históricos de la necesidad de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y la posición del Gobierno boliviano en relación a la consulta previa y la permanente vocación de diálogo que mostró para la construcción de ese camino.

En la referida reunión, los representes bolivianos explicaron que la intervención del Gobierno a la marcha se la hizo en defensa de la vida y la integridad  de los ciudadanos bolivianos y ante la inminencia de posibles enfrentamiento por la posición beligerante de los indígenas que, dos días antes, incluso secuestraron al Canciller y  Jefe de la Diplomacia boliviana, David Choquehuanca, utilizándolo como escudo humano para romper un cerco policial destinado a evitar enfrentamientos.

Así mismo Arce explico las razones jurídicas por las cuales no procede la imposición de ninguna medida cautelar en contra de la construcción de la carretera y que existió una incorrecta  y equivocada solicitud de medidas cautelares que habrían realizado algunas personas sin ninguna representación jurídica, ni política.

En ambas reuniones también se puso de manifiesto la profunda vocación de diálogo del Gobierno nacional y la determinación de convocar a un referéndum en los departamentos de Cochabamba y Beni para que sea, en definitiva, la voluntad popular la que decida por la construcción de esa vía.

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