El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, aseguró que para la implementación de tecnología en cédulas de identidad y licencias de conducir amerita cualquier monto de inversión que se realice, por más alta o baja que sea, por los beneficios que representará en el futuro para los ciudadanos.

“El Proyecto de Ley cuenta con el visto bueno y ha sido trabajado con el Órgano Ejecutivo, con la participación del Ministerio de Economía. Yo creo que cualquier esfuerzo económico que podamos hacer los bolivianos amerita para tener una cedula de identidad verdaderamente confiable, altamente tecnológico”, dijo a los periodistas.

Arce señaló que el cambio de administración policial a una civil, de esos dos servicios, fue analizado y consensuado con el Órgano Ejecutivo, por lo cual se logrará consolidar una de las más grandes hazañas para alcanzar la mejor calidad y seguridad en el servicio.

Dijo que aún no existe un estudio o base de cálculo sobre la inversión que representará la otorgación de nuevos documentos de identidad y licencias, porque por el momento se elaboran sus características técnicas.

“Se está trabajando las altas características técnicas, yo puedo asegurar que con baja inversión vamos a tener un carnet de identidad, con el mismo número, es bueno aclararlo, pero con grandes características de seguridad para beneficio de todos los bolivianos”, aseguró.

Asimismo, adelantó que durante la tarde del miércoles se prevé el inicio del debate del Proyecto de Ley Nº 497 que traspasa los servicios ofrecidos por la Policía Boliviana a administración civil y que crea el Servicio General de Registro Ciudadano y el de Servicio General de Licencias de Conducir, en sus 28 artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

El gobierno del presidente Evo Morales envió en pasados días al Órgano Legislativo un proyecto de ley para que la recaudación y administración de recursos provenientes de trámites de identificación personal y licencias de conducir sean transferidas a administración civil a consecuencia de las permanentes denuncias de corrupción en el seno de la institución policial, además para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana.

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