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Dificultades que impiden el avance del proceso autonómico en Cochabamba

escudo_cocahbambaUn estudio de la socióloga María Teresa Zegada examina los logros y problemas político-institucionales de la implementación de las autonomías departamentales en Cochabamba. Según el documento, por su complejidad, éste se caracterizaría más como un proceso de transición cuyas principales dificultades se generan por algunas ambigüedades en los instrumentos normativos que complejizan el ejercicio autonómico y el desconocimiento de los actores sobre los alcances y límites de este nuevo régimen.

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Documento Documento: Balance político-institucional de la autonomía departamental en Cochabamba, por María Teresa Zegada.

A esto se añade la falta de determinación y voluntad de las autoridades y representantes, la falta de una visión regional respecto al desarrollo y lugar que debe ocupar Cochabamba en el contexto nacional, una cultura política anclada históricamente en el centralismo y una injerencia de las entidades del Gobierno central en la gestión departamental, esta última mediante leyes nacionales y a través de la supervisión y control a la gestión y recursos.

Según Zegada, si bien la Asamblea Departamental ha aprobado hasta la fecha más de 170 leyes, la mayoría son de carácter administrativo y declarativo, es decir que no implican propiamente un proceso de construcción de la autonomía ni la formulación de políticas públicas departamentales. “Sólo 5 por ciento contienen leyes de mayor trascendencia, como la Ley Departamental de la Revolución Productivo Agropecuaria Comunitaria o la Ley del Reglamento para la Elaboración del Proceso Estatuyente”, explica.

En este aspecto, “Si bien el alcance de la autonomía en la Constitución es bastante ambicioso, no está exento de contradicciones internas y encuentra sus limitaciones en las leyes secundarias y en los intentos de aplicación”, añade.

Gestión departamental

A la hora de analizar la gestión del gobierno departamental, parecería que en las autoridades departamentales existiría un temor o recelo a tomar decisiones y ejercer las funciones autonómicas, “debido a que se busca casi siempre la aquiescencia del gobierno nacional para cada paso, lo cual inhibe el avance autonómico”.

Para ejemplificar, Zegada se refiere al Plan Territorial de Desarrollo Departamental, que aún no ha sido discutido en el seno de la Asamblea Legislativa. “Dicho Plan, una vez concluido, se sometió a consideración del Ministerio de Planificación, medida que no era necesaria, y los funcionarios de dicho Ministerio realizan una serie de observaciones y recomendaciones sin lograr una versión definitiva, por lo que se habría tomado la decisión de discutirlo en el marco del Proceso Estatuyente”, instancia destinada a la elaboración participativa del Estatuto Autonómico del Departamento.

Otro problema radica en el temor generado en gran medida por el desconocimiento de los alcances de la autonomía y al mismo tiempo por la posible aplicación de leyes como la Marcelo Quiroga Santa Cruz y factores circunstanciales como la inestabilidad de ciertos funcionarios como el caso de la Secretaría de Planificación, cuyo cargo fue removido al menos tres veces en lo que va de la gestión.

Estatuto autonómico

En el marco del Proceso Estatuyente destinado a la elaboración del Estatuto Autonómico del Departamento, la Asamblea Legislativa ha sostenido 25 encuentros territoriales y 16 sectoriales para recoger propuestas para su inclusión en la norma madre. Zegada explica que los problemas más críticos en este punto devienen del desconocimiento ciudadano al plantear sus propuestas, por un lado, respecto al tipo de competencias del gobierno departamental, y por otro, a su alcance legislativo.

“Muchas propuestas presentadas son más bien de competencia municipal o referidas a problemas cotidianos, las cuales tendrán que ser depuradas o en su caso derivadas a los organismos competentes”, observa. Un desafío para la Asamblea en esta ruta sería dotarle al Estatuto de una redacción rigurosamente enmarcada en Constitución Política y la Ley Marco y que el proceso participativo sea tomado en cuenta a la hora de la aprobación de los articulados durante las sesiones.

Para concluir, Zegada observa el predominio de una visión presidencialista en el Gobierno Departamental de Cochabamba. “La Asamblea no ha terminado de posicionarse con la solvencia y autoridad de que otorga la Ley, más bien es funcional al Ejecutivo y a los lineamientos generales de la Gobernación. Sin duda, el Estatuto puede constituirse en un punto de partida para retomar la iniciativa autonómica porque establecerá mayores y mejores puntos de referencia para el ejercicio pleno de la autonomía”, sostiene.

En el estudio “Balance político institucional de la implementación de la autonomía departamental en Cochabamba”, encargado por el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD Bolivia y la FBDM, la autora analiza la elección de autoridades y conformación del gobierno departamental, la construcción del marco normativo general y sus ajustes, el ejercicio de competencias autonómicas y sus limitaciones, el ejercicio de las facultades legislativa y fiscalizadora de la Asamblea Departamental, la incidencia política en la gestión y las bases normativas y avances en el Proceso Estatuyente, en el ámbito de aplicación del nuevo régimen autonómico.

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