Miembros del Colegio Nacional de Abogados (CONALAB), colegios departamentales y decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas de Bolivia analizaron los contenidos del anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, en un foro de socialización efectuado en La Paz el 1ro. de septiembre, organizado por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, con la asistencia técnica de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo, en el marco del Programa Conjunto: Promoviendo el Cambio en Paz, que es una iniciativa interagencial del Sistema de Naciones Unidas financiada por el Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio.

El pluralismo y en particular el pluralismo jurídico es uno de los temas centrales que el Programa Conjunto apoya bajo el supuesto de que su efectiva implementación garantiza la construcción del Estado plurinacional y fortalece al Estado de derecho. La forma como se van a relacionar la justicia ordinaria y la justicia indígena originario campesina, en un marco de igualdad, jerarquía, coordinación y cooperación, será un reto mayor para los próximos años.

En el evento, denominado “Análisis y Debate sobre el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional”, los asistentes pudieron conocer, interpretar y complementar cada uno de los artículos de este documento, en una primera parte destinada a conocer el marco conceptual, procesal y el contenido mismo del documento, y en una segunda preparada para al análisis en mesas de trabajo, de donde se formularon distintos plantamientos técnicos que enriquecen el mencionado anteproyecto.

Denis Racicot, de la OACNUDH-Bolivia, expilca el proceso de consulta

Cooperación y coordinación

La Ley de Deslinde Jurisdiccional, prevista en la Constitución Política del Estado, tiene como objetivo establecer los niveles de coordinación y cooperación entre la Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental y Especial.

Eddy Burgoa, director del Viceministerio de Justicia Indígena, señaló que se hallaron mecanismos claves de cooperación y coordinación interjurisdiccionales. “En este marco, lo que se ha hecho es construir una realidad, institucionalizarla, nacionalizar la justicia y descolonizar el derecho con una construcción colectiva Estado-Pueblos Indígenas”.

La coordinación entre jurisdicciones, según el anteproyecto de Ley, se ejercerá mediante acuerdos, actas, convenios y demás formas del derecho propio. En tanto que la cooperación se establecerá en virtud de la igualdad entre jurisdicciones.

Proceso de consulta

Por otro lado, la futura Ley de Deslinde Jurisdiccional será la primera norma que habrá atravesado por un proceso de consulta. De acuerdo con el numeral 15 del artículo 30 de la Constitución Política de Bolivia, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Eddy Burgoa, director de Justicia Indígena, habla sobre las cualidades del anteproyecto de ley de Deslinde

En este sentido, el Viceministerio Justicia Indígena Originario Campesina efectúa desde abril de 2010 un proceso de consulta con las organizaciones indígenas del país, tarea que se lleva a cabo mediante eventos de socialización nacionales, regionales y locales, en este último también participó una red de comunicadores comunitarios, que mediante programas radiales difundió en las comunidades los contenidos de este proyecto.

Según Denis Racicot, representante del OACNUDH en Bolivia, tanto el contenido del proyecto como la consulta misma constituyen un modelo para los países de la región y el mundo. “Hoy en día en Bolivia se va a establecer un modelo de coexistencia de dos sistemas de justicias como no la hay en el mundo" y añadió que la consulta, de la manera en que se ha desarrollado, se encuentra dentro de las normas del derecho internacional.

De hecho, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también reconoce este derecho. “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos (..)”, reza parte del parágrafo II del artículo 32 de este documento.