El Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR Bolivia realizó en Santa Cruz el conversatorio: "Análisis sobre el Derecho a la información y la Comunicación", destinado a examinar la situación del ambos derechos en el contexto del nuevo marco normativo que plantea la Constitución Política del Estado y abrir espacios de debate y reflexión, siempre saludables, en torno a estos temas en el gremio periodístico.

Recursos multimedia en esta nota
	Proyecto de Acceso a la Información y Comunicación
	Exposición de Julio Cesar Caballero y Abel Ticona - Conversatorio DIC
	Exposición de Juan Carlos Peña y Martha Paz - Conversatorio DIC

 En este sentido, los artículos analizados fueron el 107, parágrafo II de la CPE, que cita "La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley".

De igual manera, el artículo 106, parágrafo II, que dicta: "El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa", parágrafo III: "El Estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información".

¿Hasta dónde se cumplen estos derechos?

En ese contexto, el comunicador Julio Cesar Caballero afirmó que la constitucionalización de la autorregulación como precepto inserto en la actual Constitución "constituye un avance trascendental para la administración de los derechos fundamentales de libre expresión y libre información, en una sociedad que se precia de vivir en un régimen democrático". Para el profesional, los artículos 106 y 107 de la CPE son considerados un avance importante y garantía en el marco normativo boliviano, sobre el ejercicio de ambos derechos.

Sin embargo, para Juan Carlos Peña, representante del Colegio de Comunicadores, ambos artículos no se cumplen. "Ha habido una violación sistematica a la ley de leyes y a los convenios o tratados internacionales suscritos por el Estado Boliviano", señaló el profesional, quien también se refirió a la Ley del Órgano Electoral, que "contradice la libertad de prensa y expresión, al igual que la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación".

La Ley del Órgano Judicial contempla en el artículo 187 parágrafo 21, concerniente a infracciones de los administradores de justicia que son faltas graves y causales de suspensión, cuando el juez: “Solicite o fomente la publicidad respecto de su persona o de sus actuaciones profesionales o realice declaraciones a los medios de comunicación sobre las causas en curso en su despacho o en otro de su misma jurisdicción o competencia, salvo los casos en que deba brindar la información que le fuere requerida y se halle previsto en la ley”.

Este artículo “atenta contrala libertad de expresión de los jueces, el derecho de la información de la opinión pública y es contradictorio a la misma Ley del Órgano Judicial en su artículo 30”, referente a los principios de la Administración de Justicia en Bolivia que cita: “La transparencia supone procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes” afirmo el representante del Colegio de Comunicadores.

Por su parte, Martha Paz, presidenta de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación, explicó el derecho a la comunicación y su relación directa con los otros derechos. "Nosotros consideramos que el concepto de libertad de expresión frente al concepto al derecho a la comunicación está un poco desfasado. El derecho a la comunicación ha superado la definición porcentual de lo que se está entendiendo por libertad de expresión", dijo.

Otro aspecto abortado también fue el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y su relación con el ejercicio de los derechos mencionados, que deberá ser aproado hasta julio de este año. En este tema, Abel Ticona, representante del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC), exigió mayor espacio para la participación de los pueblos indígenas originarios en la redacción de este proyecto. "El Estado es responsable del cumplimiento del derecho de acceso a la comunicación en los artículos 21, 6 y de que de esa forma garantice el derecho a la información y comunicación".

El conversatorio sobre el derecho a la información y comunicación contó con la participación e intervención de destacados comunicadores, periodistas y estudiantes de distintas áreas interesados en el debate hacia estas normativas, los mismos que en su momento agradecieron la existencia de estos eventos.