Asamblea Constituyente

Esta marcha constituye la cuarta promovida por los pueblos de tierras bajas, aunque en el camino se sumaron a ella los indígenas originarios del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

La marcha fue convocada por el Bloque Oriente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), creado el año 2000 luego de desacuerdos con la cúpula de esta organización.

La marcha partió con el lema “Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”, bajo dos demandas principales: convocatoria a una Asamblea Constituyente y, archivar el “paquete agrario” que “el gobierno pretendía aprobar para favorecer a latifundistas, ganaderos y madereros”. Sin embargo, en el trayecto y como resultado de un pacto de unidad concertado con el CONAMAQ, el movimiento fue denominado centralmente como la “Marcha por la Asamblea Constituyente”.

El gobierno aunque buscó negociar con los marchistas, su estrategia política consistió en desvirtuarla movilizando a sectores afines. Una parte de la cúpula de la CIDOB, dirigida en aquel entonces por Marcial Fabricano, organizaron una marcha paralela a la del Bloque del Oriente y también realizaron una huelga de hambre exigiendo demandas favorables a los intereses del gobierno. La idea era que ellos llegarían antes que los del Bloque del Oriente, de modo que se pudiera realizar una “cumbre social” con ellos en La Paz a espaldas del otro sector (Albó 2008).

Enterados los del Bloque Oriente enviaron emisarios al departamento de La Paz para denunciar la estrategia del gobierno, en el camino se encuentraron con la marcha del CONAMAQ iniciada en Oruro y Potosí; representantes de ambas organizaciones dialogaron y firmaron un acuerdo de unidad “escrito a mano y en el asfalto”.

Si bien ambas organizaciones indígenas apostaban por una Asamblea Constituyente, la mirada que tenían sobre ella era distinta: CONAMAQ postulaba que la asamblea constituyente debía ser el escenario de la reconstitución de las nacionalidades indígenas originarias, aún a riesgo de quedarse sólo con el testimonio de esta necesidad en ese momento histórico concreto, subordinando el objetivo de viabilizar la constituyente en el plazo inmediato.

El Bloque Oriente, por su parte planteaba que la asamblea constituyente debía lograr la mayor “inclusión y representatividad posible de todos los bolivianos” (Bienvenido Sacu). Se pensaba que adoptar cualquier fórmula que no sea inclusiva de todos los sectores del país, exacerbaría contradicciones que harían muy difícil el avance del proceso constituyente.

De este modo la marcha se convirtió en un espacio de encuentro y deliberación para generar consensos, a partir de distintas visiones, sobre el proceso constituyente. Resultado de esta discusión se acordó una plataforma común de demanda: 1) que se convoque un Congreso Extraordinario para aprobar una ley de Necesidad de Reforma a la Constitución que modifique los artículos 230, 231, 232 y 233, para incluir a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total del texto constitucional, 2) que la participación en la Asamblea Constituyente no debía ser mediada forzosamente por los partidos políticos.

La marcha llega finalmente a La Paz el 19 de junio después de 39 días de caminata; los marchistas superaron los 7000 indígenas. El gobierno, ante el rotundo fracaso de la cumbre social prevista, se vio obligado a ceder a las demandas del Bloque del Oriente y el CONAMAQ y, por ello, suscribió con estas organizaciones un convenio donde se comprometía a reformar los artículos señalados para incluir la figura de la Asamblea Constituyente en los términos exigidos por los marchistas.

El 13 de septiembre del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), anunció la firma de un contrato de exportación de gas natural a México y Estados Unidos, en términos de mucha desventaja para el país. El 19 de septiembre se iniciaron las primeras movilizaciones y bloqueos campesinos de rechazo a esta medida gubernamental.

La protesta se masificó a nivel nacional a partir de las acciones represivas llevadas a cabo por la policía y el ejército en las localidades de Warisata y El Alto. En Warisata, un operativo militar que buscaba “rescatar” a turistas extranjeros varados por los bloqueos, terminó causando la muerte de cinco campesinos. En El Alto, un operativo militar, esta vez acompañado de tanques de guerra y helicópteros artillados, buscó despejar la vía que une El Alto con la ciudad de La Paz, para abastecer de gasolina a la sede de gobierno; en el intento más 50 personas perdieron la vida en enfrentamientos con el ejército.

La indignación era nacional. Gonzalo Sánchez de Lozada decidió retroceder, pero ya era tarde; la demanda central exigía su renuncia, pedido al que se sumaron sectores de clase media que se encontraban en huelga de hambre. Sin base social alguna, Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar a su cargo.

La “Guerra del Gas” planteó una política de transformación que será conocida como la “agenda de octubre”; que se sintetizó en la exigencia de la nacionalización y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La demanda que más había madurado en la discusión, sería la de convocatoria a un proceso constituyente. Durante el desarrollo de la “Guerra del Gas”, se pusieron de manifiesto tres posturas que influirían de manera decisiva en la movilización.

La primera corresponde a las Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de la línea de Román Loayza, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados, que planteaban una asamblea constituyente convocada por el Estado, donde se combine la representación política partidaria y no partidaria.

Por su parte, la consigna de la Coordinadora del Agua, que incluía a la FEDECOR, fue “Asamblea Constituyente sin intermediación partidaria”. La cuestión de quién la convocaba fue el punto de debate no resuelto.

La CSUTCB de la línea de Felipe Quispe, planteaba una asamblea constituyente como escenario de “refundación del Qullasuyu”, aunque nunca explicó cómo podría llevarse a cabo esta propuesta.

Con todo, la “Guerra del Gas”, posibilito dos grandes avances en relación a la asamblea constituyente que vale la pena destacar: primero, de ser inicialmente planteada a un nivel muy local durante la “Guerra del Agua” (2000) y exigida luego por la marcha indígena del 2002, pasó a convertirse con la “Guerra del Gas”, en una demanda nacional de todos los sectores populares e indígenas del país. Segundo, a pesar de las diferencias sobre la convocatoria y carácter de la asamblea constituyente, lo que estaba claro era la necesidad de “refundar” el país con la participación activa de todos los sectores populares, campesinos e indígenas.

Carlos Mesa (2003-2005), que había aceptado suceder en el cargo a Sánchez de Lozada, asumió este mandato promoviendo una reforma constitucional para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente como “mecanismo de reforma total de la Constitución”; sin embargo, nunca llegó a convocarla.

A partir de la marcha indígena realizada el 2002, en la que por primera vez convergieron en una movilización organizaciones de pueblos indígenas de tierras altas y bajas, bajo la consigna de asamblea constituyente y, como resultado del proceso insurreccional de octubre del 2003, donde se reiteró la demanda de una asamblea constituyente, que finalmente fue incorporada como “mecanismo de reforma constitucional”, el 2004; las organizaciones indígenas, campesinas y originarias del país se plantearon la necesidad de generar un espacio de consenso y articulación política, que denominaron luego “Pacto de la Unidad”, con el objetivo de impulsar la convocatoria y realización de una asamblea constituyente, como escenario de refundación del país.

Una de las primeras acciones del Pacto de la Unidad fue la presentación de una propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, elaborada en el “Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Originarias” realizado en Santa Cruz en el 2004.

La propuesta partió definiendo a la asamblea constituyente como soberana “porque es depositaria de la voluntad popular”; autónoma respecto de los poderes constituidos y libre en su accionar, sin subordinaciones ni condicionantes; fundacional, como el máximo poder del Estado; y, participativa “porque está abierta a todos los sectores sociales, pueblos indígenas, naciones originarias y regiones del país” (Pacto de Unidad, 2004).

Documento: Propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente del Pacto de Unidad (2004)

Para garantizar el carácter participativo e inclusivo de todos los actores sociales y políticos del país en la asamblea constituyente, la propuesta planteó las siguientes modalidades de elección:

Una asamblea conformada por 248 constituyentes, los mismos que serían elegidos a partir de la combinación de dos sistemas electorales: por sufragio universal y por usos y costumbres.

La elección de constituyentes a través del sufragio universal, se sujetaría a las siguientes modalidades: tres representantes por cada circunscripción local, que preserven el principio de pluralidad, de modo que lo urbano y rural pueda ser representado sin restricciones, a su vez se puedan combinar la postulación entre indígenas y no indígenas, vecinos, profesionales, trabajadores y cualquier otro tipo de ciudadano; dos representantes por cada circunscripción departamental, para generar equilibrio entre las regiones; y, diez representantes de circunscripciones especiales étnicas para los pueblos de tierras bajas, ubicadas en cuatro regiones: Chaco, Chiquitanía, Amazonía Sur y Amazonía Norte. También se establece una representación especial para los afrodescendientes.

La elección de constituyentes a través de usos y costumbres, sería de 16 representantes de los pueblos indígenas y naciones originarias de tierras altas.

La elección de constituyentes, ya sea por sufragio electoral o usos y costumbres, debía estar regida por el principio de equidad de género y generacional; según este principio se debe garantizar la presencia de una cuota no menor al 50% para las mujeres en todas las listas de candidatos a constituyentes. Del mismo modo se deben habilitar las candidaturas a constituyentes a partir de los 18 años, para permitir la participación de los y las jóvenes.

La propuesta fue presentada al Congreso de la República para su consideración, con el mandato de que sea aprobada y promulgada hasta antes de las elecciones municipales de diciembre de 2004. Sin embargo, su tratamiento legislativo tuvo que esperar hasta el 2006; año en el que su contenido fue radicalmente cambiado por otro más afín al consenso logrado por el gobierno de Evo Morales con representantes del Oriente boliviano, que buscaban la aprobación de un referéndum sobre autonomías departamentales.

El Segundo Encuentro Social Alternativo: “Por una Agenda Nacional, otra Bolivia es Posible” se realizó del 9 al 11 de septiembre de 2005 en Camiri. Este encuentro es histórico en relación a la demanda de convocatoria a una asamblea constituyente por parte del movimiento campesino indígena, debido a tres razones:

1) Se trata del evento social y de deliberación colectiva más importante y masivo realizado después de la insurrección indígena y popular del 2003, convocado para impulsar la “agenda de octubre”, que se sintetiza en la demanda de asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos.

2) Su convocatoria fue promovida por casi la totalidad de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias del país, articuladas en el Pacto de Unidad; organización que influirá decisivamente en muchas de las resoluciones aprobadas por este encuentro.

3) Constituye el primer encuentro que logra generar un espacio plural de discusión y articulación política entre organizaciones campesinas indígenas originarias y organizaciones populares urbanas.

En este encuentro se discutieron básicamente tres temas que forman parte de la agenda nacional: asamblea constituyente, hidrocarburos y autonomías. A continuación nos detendremos principalmente en las resoluciones aprobadas sobre la asamblea constituyente.

Respecto de la demanda de asamblea constituyente, se aprueba el proyecto de Ley de Convocatoria presentada por el Pacto de Unidad; y se sugiere incorporar en su contenido dos puntos:

i. No deben participar de la asamblea constituyente los que fueron diputados, senadores, ministros o alcaldes y todos aquellos políticos que fueron denunciados por actos de corrupción.

ii. Se exige el reconocimiento de las personerías jurídicas regionales y locales de las organizaciones sociales y pueblos indígenas para que puedan proponer sus candidatos en las circunscripciones “uninominales”.

Además de la aprobación de la propuesta de convocatoria a la asamblea constituyente, se plantó un esbozo respecto de las demandas que la constituyente debería atender. La más significativa para el movimiento campesino indígena está en relación a la exigencia del “reconocimiento pleno de sus derechos al territorio, respetando los derechos de todos los trabajadores y sectores empobrecidos por el modelo neoliberal ya sea en la ciudad o en el campo”. También se propone un referéndum para revertir el latifundio y redistribuir la tierra a las comunidades campesinas, indígenas y originarias con tierra insuficiente y a los campesinos sin tierra. Esta medida debía realizarse antes de la asamblea constituyente.

El encuentro concluye ratificando la necesidad de seguir luchando por la realización de una asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos; además, se desconoció al consejo preautonómico conformado por el Comité pro Santa Cruz.

Como paso inicial para avanzar tanto en la demanda de nacionalización como en la convocatoria a una asamblea constituyente, se decide organizar una Coordinadora Nacional con todos los sectores sociales, denominada “Movimiento por la Declaración de Camiri y la Asamblea Constituyente”, cuyo objetivo inmediato será exigir al nuevo Congreso de la República la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente consensuada por el Pacto de Unidad y ratificada en este Segundo Encuentro Social Alternativo.