El 13 de septiembre del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), anunció la firma de un contrato de exportación de gas natural a México y Estados Unidos, en términos de mucha desventaja para el país. El 19 de septiembre se iniciaron las primeras movilizaciones y bloqueos campesinos de rechazo a esta medida gubernamental.

La protesta se masificó a nivel nacional a partir de las acciones represivas llevadas a cabo por la policía y el ejército en las localidades de Warisata y El Alto. En Warisata, un operativo militar que buscaba “rescatar” a turistas extranjeros varados por los bloqueos, terminó causando la muerte de cinco campesinos. En El Alto, un operativo militar, esta vez acompañado de tanques de guerra y helicópteros artillados, buscó despejar la vía que une El Alto con la ciudad de La Paz, para abastecer de gasolina a la sede de gobierno; en el intento más 50 personas perdieron la vida en enfrentamientos con el ejército.

La indignación era nacional. Gonzalo Sánchez de Lozada decidió retroceder, pero ya era tarde; la demanda central exigía su renuncia, pedido al que se sumaron sectores de clase media que se encontraban en huelga de hambre. Sin base social alguna, Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar a su cargo.

La “Guerra del Gas” planteó una política de transformación que será conocida como la “agenda de octubre”; que se sintetizó en la exigencia de la nacionalización y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La demanda que más había madurado en la discusión, sería la de convocatoria a un proceso constituyente. Durante el desarrollo de la “Guerra del Gas”, se pusieron de manifiesto tres posturas que influirían de manera decisiva en la movilización.

La primera corresponde a las Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de la línea de Román Loayza, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados, que planteaban una asamblea constituyente convocada por el Estado, donde se combine la representación política partidaria y no partidaria.

Por su parte, la consigna de la Coordinadora del Agua, que incluía a la FEDECOR, fue “Asamblea Constituyente sin intermediación partidaria”. La cuestión de quién la convocaba fue el punto de debate no resuelto.

La CSUTCB de la línea de Felipe Quispe, planteaba una asamblea constituyente como escenario de “refundación del Qullasuyu”, aunque nunca explicó cómo podría llevarse a cabo esta propuesta.

Con todo, la “Guerra del Gas”, posibilito dos grandes avances en relación a la asamblea constituyente que vale la pena destacar: primero, de ser inicialmente planteada a un nivel muy local durante la “Guerra del Agua” (2000) y exigida luego por la marcha indígena del 2002, pasó a convertirse con la “Guerra del Gas”, en una demanda nacional de todos los sectores populares e indígenas del país. Segundo, a pesar de las diferencias sobre la convocatoria y carácter de la asamblea constituyente, lo que estaba claro era la necesidad de “refundar” el país con la participación activa de todos los sectores populares, campesinos e indígenas.

Carlos Mesa (2003-2005), que había aceptado suceder en el cargo a Sánchez de Lozada, asumió este mandato promoviendo una reforma constitucional para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente como “mecanismo de reforma total de la Constitución”; sin embargo, nunca llegó a convocarla.