A partir de la marcha indígena realizada el 2002, en la que por primera vez convergieron en una movilización organizaciones de pueblos indígenas de tierras altas y bajas, bajo la consigna de asamblea constituyente y, como resultado del proceso insurreccional de octubre del 2003, donde se reiteró la demanda de una asamblea constituyente, que finalmente fue incorporada como “mecanismo de reforma constitucional”, el 2004; las organizaciones indígenas, campesinas y originarias del país se plantearon la necesidad de generar un espacio de consenso y articulación política, que denominaron luego “Pacto de la Unidad”, con el objetivo de impulsar la convocatoria y realización de una asamblea constituyente, como escenario de refundación del país.

Una de las primeras acciones del Pacto de la Unidad fue la presentación de una propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, elaborada en el “Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Originarias” realizado en Santa Cruz en el 2004.

La propuesta partió definiendo a la asamblea constituyente como soberana “porque es depositaria de la voluntad popular”; autónoma respecto de los poderes constituidos y libre en su accionar, sin subordinaciones ni condicionantes; fundacional, como el máximo poder del Estado; y, participativa “porque está abierta a todos los sectores sociales, pueblos indígenas, naciones originarias y regiones del país” (Pacto de Unidad, 2004).

Documento: Propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente del Pacto de Unidad (2004)

Para garantizar el carácter participativo e inclusivo de todos los actores sociales y políticos del país en la asamblea constituyente, la propuesta planteó las siguientes modalidades de elección:

Una asamblea conformada por 248 constituyentes, los mismos que serían elegidos a partir de la combinación de dos sistemas electorales: por sufragio universal y por usos y costumbres.

La elección de constituyentes a través del sufragio universal, se sujetaría a las siguientes modalidades: tres representantes por cada circunscripción local, que preserven el principio de pluralidad, de modo que lo urbano y rural pueda ser representado sin restricciones, a su vez se puedan combinar la postulación entre indígenas y no indígenas, vecinos, profesionales, trabajadores y cualquier otro tipo de ciudadano; dos representantes por cada circunscripción departamental, para generar equilibrio entre las regiones; y, diez representantes de circunscripciones especiales étnicas para los pueblos de tierras bajas, ubicadas en cuatro regiones: Chaco, Chiquitanía, Amazonía Sur y Amazonía Norte. También se establece una representación especial para los afrodescendientes.

La elección de constituyentes a través de usos y costumbres, sería de 16 representantes de los pueblos indígenas y naciones originarias de tierras altas.

La elección de constituyentes, ya sea por sufragio electoral o usos y costumbres, debía estar regida por el principio de equidad de género y generacional; según este principio se debe garantizar la presencia de una cuota no menor al 50% para las mujeres en todas las listas de candidatos a constituyentes. Del mismo modo se deben habilitar las candidaturas a constituyentes a partir de los 18 años, para permitir la participación de los y las jóvenes.

La propuesta fue presentada al Congreso de la República para su consideración, con el mandato de que sea aprobada y promulgada hasta antes de las elecciones municipales de diciembre de 2004. Sin embargo, su tratamiento legislativo tuvo que esperar hasta el 2006; año en el que su contenido fue radicalmente cambiado por otro más afín al consenso logrado por el gobierno de Evo Morales con representantes del Oriente boliviano, que buscaban la aprobación de un referéndum sobre autonomías departamentales.