El gobierno de Hugo Bánzer en Bolivia (1997-2001), entregó en concesión la empresa municipal de agua en Cochabamba y la ejecución del proyecto Misicuni al consorcio privado “Aguas del Tunari” el año 2000. El acuerdo establecía que las inversiones que debía realizar la concesionaria vendrían de los aportes de los usuarios de la red de agua de la ciudad, lo que implicaba incrementar las tarifas de este servicio. Además, la concesión otorgaba monopolio a este consorcio sobre todas las fuentes de agua existentes, como pozos y cooperativas de agua. Para respaldar esta medida el Congreso aprobó la denominada Ley de Agua y Alcantarillado Sanitario.

El rechazo a la medida era inevitable; los primeros en movilizarse fueron los campesinos de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR), que no estaban dispuestos a entregar sus sistemas de riego y pozos, los mismos que fueron construidos por ellos mismos y administrados según sus “usos y costumbres”. En la ciudad también se produjeron varias protestas de descontento por el incremento en las tarifas de agua.

Había la necesidad de “unificar la lucha del campo y de la ciudad”, tarea que fue impulsada por la FEDECOR y que se materializó con la creación de la Coordinadora del Agua y la Vida; entidad que inició movilizaciones y bloqueos a partir de enero del 2000, los mismos que se radicalizaron en abril, luego de una consulta popular, con participación de más de 50 mil personas que demandaban la anulación del contrato con “Aguas del Tunari”.

La Coordinadora en base a este mandato organizó la “batalla final”, convocando a un paro indefinido y bloqueo de caminos el 4 de abril del año 2000, con el compromiso de cocaleros y campesinos de Cochabamba de participar en los bloqueos.

El gobierno como represalia, encarceló y confinó a los dirigentes de la Coordinadora, a su vez, decretó el estado de sitio y la militarización de la ciudad. Esta medida gubernamental, lejos de apaciguar los ánimos, provocó violentos enfrentamientos con el saldo de un muerto y más de 30 heridos de bala. La movilización fue incontenible. El gobierno se vio obligado a anular el contrato con “Aguas del Tunari” y modificar la Ley de Aguas.

Según much@s autor@s, la “Guerra del Agua” puso en crisis el proyecto estatal neoliberal desplegado desde la segunda mitad de los años ochenta; que se expresó en la articulación entre libre mercado y democracia representativa. En este sentido, las movilizaciones campesinas y populares de abril se opusieron a la mercantilización del agua a favor de intereses privados extranjeros (libre mercado), pero también, cuestionaron el monopolio de los partidos políticos sobre las decisiones colectivas (democracia representativa).

Tempranamente se comprendió que la reapropiación social del agua pasaba por la recuperación de la capacidad de decidir sobre asuntos comunes. En este horizonte se planteó por primera vez la demanda de Asamblea Constituyente, como escenario de deliberación colectiva de todos los sectores populares y campesinos, sin mediación partidaria. Así nacerá la consigna de este proceso constituyente como propuesta de democracia directa y quiebre del monopolio de la representación partidaria.