Esta marcha constituye la cuarta promovida por los pueblos de tierras bajas, aunque en el camino se sumaron a ella los indígenas originarios del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

La marcha fue convocada por el Bloque Oriente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), creado el año 2000 luego de desacuerdos con la cúpula de esta organización.

La marcha partió con el lema “Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”, bajo dos demandas principales: convocatoria a una Asamblea Constituyente y, archivar el “paquete agrario” que “el gobierno pretendía aprobar para favorecer a latifundistas, ganaderos y madereros”. Sin embargo, en el trayecto y como resultado de un pacto de unidad concertado con el CONAMAQ, el movimiento fue denominado centralmente como la “Marcha por la Asamblea Constituyente”.

El gobierno aunque buscó negociar con los marchistas, su estrategia política consistió en desvirtuarla movilizando a sectores afines. Una parte de la cúpula de la CIDOB, dirigida en aquel entonces por Marcial Fabricano, organizaron una marcha paralela a la del Bloque del Oriente y también realizaron una huelga de hambre exigiendo demandas favorables a los intereses del gobierno. La idea era que ellos llegarían antes que los del Bloque del Oriente, de modo que se pudiera realizar una “cumbre social” con ellos en La Paz a espaldas del otro sector (Albó 2008).

Enterados los del Bloque Oriente enviaron emisarios al departamento de La Paz para denunciar la estrategia del gobierno, en el camino se encuentraron con la marcha del CONAMAQ iniciada en Oruro y Potosí; representantes de ambas organizaciones dialogaron y firmaron un acuerdo de unidad “escrito a mano y en el asfalto”.

Si bien ambas organizaciones indígenas apostaban por una Asamblea Constituyente, la mirada que tenían sobre ella era distinta: CONAMAQ postulaba que la asamblea constituyente debía ser el escenario de la reconstitución de las nacionalidades indígenas originarias, aún a riesgo de quedarse sólo con el testimonio de esta necesidad en ese momento histórico concreto, subordinando el objetivo de viabilizar la constituyente en el plazo inmediato.

El Bloque Oriente, por su parte planteaba que la asamblea constituyente debía lograr la mayor “inclusión y representatividad posible de todos los bolivianos” (Bienvenido Sacu). Se pensaba que adoptar cualquier fórmula que no sea inclusiva de todos los sectores del país, exacerbaría contradicciones que harían muy difícil el avance del proceso constituyente.

De este modo la marcha se convirtió en un espacio de encuentro y deliberación para generar consensos, a partir de distintas visiones, sobre el proceso constituyente. Resultado de esta discusión se acordó una plataforma común de demanda: 1) que se convoque un Congreso Extraordinario para aprobar una ley de Necesidad de Reforma a la Constitución que modifique los artículos 230, 231, 232 y 233, para incluir a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total del texto constitucional, 2) que la participación en la Asamblea Constituyente no debía ser mediada forzosamente por los partidos políticos.

La marcha llega finalmente a La Paz el 19 de junio después de 39 días de caminata; los marchistas superaron los 7000 indígenas. El gobierno, ante el rotundo fracaso de la cumbre social prevista, se vio obligado a ceder a las demandas del Bloque del Oriente y el CONAMAQ y, por ello, suscribió con estas organizaciones un convenio donde se comprometía a reformar los artículos señalados para incluir la figura de la Asamblea Constituyente en los términos exigidos por los marchistas.