El acontecimiento histórico clave para comprender el proceso de maduración de la idea de autonomía entre los quechuas y aymaras, fue la ruptura del Pacto Militar Campesino (PMC) como resultado del bloqueo de caminos de diciembre de 1979, convocado por la recientemente creada Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El PMC instituido con el consenso activo de las comunidades campesinas, estableció un control vertical y burocrático sobre los sindicatos rurales entre 1964 y 1979. Bajo el PMC los dirigentes campesinos estaban supeditados al mando de los coordinadores militares que había en cada provincia (Regalsky, 2005). Los primeros cuestionamientos sobre la validez del PMC provinieron de círculos aymaras de la ciudad a mediados de los años 70 y tuvieron su expresión más acabada en el célebre Manifiesto de Tiwanaku (1973).

La importancia de la ruptura del PMC consiste en que el territorio de las comunidades aparece ahora como un espacio político territorial gobernado por las autoridades tradicionales de las mismas comunidades campesinas. La misma estructura sindical que había construido el MNR desde 1952, con el objetivo de subordinar al campesinado al Estado, comenzó a ser usada por los propios campesinos para conformar una estructura de autoridades territoriales paralela al Estado. Esto dará lugar a la construcción de espacios jurisdiccionales autónomos de facto (Regalsky, 2005).

Todo este proceso terminará cuajando en el proyecto de Ley Agraria Fundamental aprobado en el Primer Congreso Nacional Campesino sobre Reforma Agraria de 1984; donde la autonomía campesina, bajo el eje de la tierra como demanda, fue planteada de manera explícita. Veamos cuales son los componentes centrales que la propuesta plantea en relación a la autonomía.

La propuesta parte reconociendo autonomía política y administrativa a la comunidad campesina; esto implica que las comunidades tienen potestad para estructurar su propio gobierno conforme a su costumbre.

La autonomía política y administrativa implica también la facultad de la comunidad campesina a “formar niveles superiores de organización”. Con ésta disposición, la propuesta de Ley Agraria Fundamental, buscaba fortalecer la estructura sindical campesina existente, cuya unidad política base fue la comunidad, la cual es parte orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como organización supracomunal. Esta estructuración sindical no excluye a formas de organización étnica o productivas (asociaciones) campesinas.

Otro aspecto que debemos destacar de la propuesta es que la autonomía de la comunidad campesina tiene como fundamento mayor a la nación (Paz, 2005). En función de este criterio se definen, por ejemplo, los bienes de uso público que constituirían “patrimonio nacional”, quedando bajo control del Estado; estos bienes de uso público serían los bosques, tierras forestales, la fauna silvestre, las aguas de ríos, lagos y manantiales. Sin embargo, cuando estos bienes se encuentren localizados “en tierras pertenecientes a comunidades” (Artículo 70), éstas tienen prioridad para su explotación.

La idea de la autonomía, sobre todo ligada al tema de la autodeterminación, fue tomando cuerpo en la propuesta del instrumento político; que inicialmente se planteó con fuerza en el I Congreso Extraordinario Campesino de Potosí (1988) y en el IV Congreso Ordinario Campesino de Tarija (1989).