Como resultado de la Marcha por el Territorio y la Dignidad realizada en 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), los pueblos indígenas de tierras bajas lograron, además del reconocimiento de sus territorios, el compromiso de parte del gobierno de “elaborar de forma impostergable una Ley de Pueblos y Comunidades Nativas”. El gobierno presentó una primera propuesta y tras numerosos encuentros y talleres que se prolongaron por más de un año, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) hizo su contrapropuesta en agosto de 1991, que se denomino “Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana”. Pero el gobierno ya había decidido “archivar” el asunto y se quedó conforme con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Congreso de la República (Albó 1996).

No obstante, la propuesta de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, se constituye en un referente documental importante, por cuanto condensa el consenso de los ricos debates internos que los pueblos indígenas de tierras bajas tuvieron desde 1986 sobre diversas temáticas (CIDOB, 1993).

Documento: Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (1991)

En lo que sigue nos detendremos específicamente en la temática de autonomía planteada en la mencionada propuesta de la CIDOB.

La propuesta empezó por definir al sujeto colectivo que ejerce la autonomía, que era el “pueblo indígena”. Siguiendo los marcos establecidos por el Convenio 169 de la OIT, la propuesta señalaba que “el término pueblo indígena, no debe interpretarse como sinónimo de la expresión utilizada por el derecho internacional cuando se refiere al Estado” (Artículo 4); es decir, no goza del derecho de autodeterminación, porque ese derecho está reservado para los pueblos en su condición de nación e implica la redefinición del poder político territorial, la modificación del propio Estado y su dinámica institucional.

¿Cuál es el alcance de la autonomía que se demanda en la propuesta de la CIDOB? La autonomía de los pueblos indígenas consiste en: autonomía política, para darse sus propias forma de gobierno, que incluye capacidad normativa; autonomía administrativa, que implica la potestad para gestionar sus fondos económicos y recursos naturales, también para la elaboración, aprobación y ejecución de sus “planes de manejo territorial y programas de desarrollo”; y, autonomía cultural, para preservar y desarrollar su patrimonio histórico, religioso, formas de vida, idioma y programas de educación.

Como se aprecia, la demanda de autonomía planteada por la CIDOB, no implicaba todavía soberanía, sino autogestión política, administrativa y cultural. Fue a partir del año 2005, en vísperas de la asamblea constituyente, cuando la CIDOB empezó a operar cambios en su demanda de autonomía: la demanda no sólo se planteará en torno al reconocimiento de la autogestión política, que implica que se reconozca al pueblo indígena sus formas de elección de autoridades conforme a su costumbre; además, implicará la demanda de que el gobierno territorial indígena, forme parte de la propia organización del Estado.