Como resultado de la reestructuración de la dirección nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1998, será elegido como secretario ejecutivo de esta organización Felipe Quispe Huanca.

Su elección tuvo una gran significación política: se escogía como dirigente a la persona que portaba el discurso nacionalista indígena más radical del movimiento campesino indígena contemporáneo. Su presencia y aceptación como dirigente, marcada por su trayectoria guerrillera y su intransigencia frente al poder estatal, señalaban hasta qué punto el movimiento campesino había virado hacia posiciones más críticas frente al Estado.

Bajo su conducción se llevaron a cabo las sublevaciones campesinas aymaras más importantes de los últimos 20 años, sólo comparables con los bloqueos de caminos realizados en 1979 por la CSUTCB a la cabeza de Jenaro Flores.

La primera sublevación se producirá en septiembre y octubre del 2000, y la segunda en junio y julio del 2001. Resultado de estas sublevaciones, en varias provincias del altiplano norte de La Paz se impuso el ejercicio de facto de una autonomía territorial. En lo que sigue procederemos a realizar una breve descripción de los rasgos más sobresalientes de esta autonomía y de sus implicancias para el movimiento indígena campesino originario en el país.

Un primer elemento que se debe destacar es la reterritorialización del poder indígena que se expresó en la expulsión de las instituciones del Estado (subprefecturas y puestos policiales) de las zonas de movilización y su sustitución por estructuras de autoridad comunal. Sólo hasta el 2004 las subprefecturas volvieron a operar en estas zonas, bajo condición de que sus autoridades sean electas por ampliados provinciales de la federación de campesinos.

Esta autonomía de facto, estará expresada también en sus propios pliegos petitorios: entre el 2000 y 2001 se exigió al Estado, entre otras demandas, que se reconozca a las “naciones originarias” el “dominio” de los “recursos estratégicos” (hidrocarburos, bosques, plantas de electricidad y minas), cuando éstos se encuentren “en sus territorios”; y, la vigencia de la justicia comunitaria “debiendo, en consecuencia, retirarse las autoridades judiciales y policiales del Estado de las comunidades”.

Otro rasgo importante de las movilizaciones protagonizadas por los campesinos aymaras del altiplano norte de La Paz, fue su componente étnico nacional. A diferencia de lo que pasó en años anteriores, donde la reivindicación de una identidad nacional aymara era una formulación discusiva solamente de cierta élite dirigente, en las movilizaciones del 2000 y 2001 fue la consigna de la propia gente movilizada, de los miles y miles de comunarios que al grito de “guerra civil” y “nación aymara” conformaron un “Ejército Indígena Aymara” en Q’alachaka; además redactaron un manifiesto de constitución de un “poder indígena”, de una patria y de una bandera (Manifiesto de Achacachi, 2001).

Documento: Manifiesto de Achacachi (2001)

Podemos concluir señalando que las sublevaciones aymaras contribuyeron, junto a la lucha indígena por el territorio y la autonomía en los años 80 y la organización en 1995 del instrumento político de la CSUTCB que derivó luego en la formación MAS, a instalar un nuevo imaginario de sociedad en torno a lo campesino indígena y originario.