El contexto donde se discutió la posibilidad de llevar adelante una “Asamblea de Nacionalidades Originarias y del Pueblo”, estuvo signado por el debate en torno al tema del territorio; que puso también en discusión el asunto de la jurisdicción territorial, es decir, la cuestión sobre qué organización política debía administrar los territorios indígenas. Por tanto, la demanda del territorio pronto se vinculó con la discusión sobre el poder.

Este debate se empieza a agitar en 1988 en el I Congreso Extraordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) realizado en Potosí, donde se votó por el retorno de los dirigentes a las bases y el rechazo a los partidos tradicionales y la idea de “organizarnos por nosotros mismos” para construir un “poder comunal” distinto al “impuesto”. La tesis será propuesta por el Movimiento Campesino de Bases (MCB), con cierta influencia de sectores de izquierda.

El IV Congreso de la CSUTCB (1989) realizado en Tarija decidió llevar adelante la “Asamblea de Nacionalidades”, como una especie de parlamento indígena que expresa la unidad de las naciones originarias; fijando fecha para su realización el 12 de octubre de 1992, como rechazo al festejo del denominado “encuentro de dos mundos”, preparado por el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) en conmemoración a los quinientos años de la invasión española.

Con posterioridad, se realizaron tres encuentros para efectivizar la propuesta: el primero se llevó a cabo, con participación de los pueblos de tierras bajas, en Santa Cruz (1989); el segundo en Oruro (1990); y, finalmente, el tercero se realizó en La Paz. En este último encuentro, que contó con la participación de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), se firmó la “Declaración de Corqueamaya”, donde se propuso la unidad de la CIDOB y la CSUTCB en la Asamblea de Nacionalidades. Para viabilizar la realización de la Asamblea de Nacionalidades, se creó un comité que se encargaría de elaborar las bases de la convocatoria para la “Campaña Quinto Centenario”. Todo este proceso estuvo altamente influenciado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y la iglesia católica. Con todo se dejó establecido, que en 1992 se reuniría una Asamblea de Nacionalidades, que sería el Instrumento Político encargado de la recuperación del territorio y que esa sería la instancia que debía solucionar el problema del poder.

La Asamblea de Nacionalidades y del Pueblo, se instala en el teatro al aire libre del departamento de La Paz en 1992, luego de una marcha de más de 20 mil indígenas y campesinos. Como primera actividad se decidió conformar la directiva pero “cada grupo temía ser instrumentalizado por el otro grupo y por los partidos que los apoyaban” (Albó, 1996). Al no llegarse a ningún tipo de acuerdo, las organizaciones presentes plantearon que se debía consultar a las bases; en ese momento cae una lluvia torrencial que termina dispersando a todos los asistentes y el evento como por arte de magia se cancela.

Algunos señalan que la Asamblea de Nacionalidades y del Pueblo fue un fracaso (Regalsky, 2003), otros, como Juan de la Cruz Villca, prefieren pensar que este evento constituyó el inicio fecundo de la idea del “instrumento político” -que en 1995 ganará fuerza efectiva-, y de la propia Asamblea Constituyente planteada el 2000.