Durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP); uno de los objetivos centrales de la misma era ampliar la jurisdicción territorial de los municipios hacia las comunidades rurales; recordemos que antes de la aprobación de la ley, los municipios tenían asiento básicamente en territorios urbanos.

Para Regalsky (2006), la intención del Estado con esta medida era controlar los espacios comunales; es decir, la LPP buscaba neutralizar el autogobierno comunitario, como también ampliar al área rural la institucionalidad democrática liberal del Estado.

Las organizaciones campesinas, si bien se opusieron a la LPP, entendiéndola como medida que buscaba contrarrestar la autoridad indígena, ante su inevitable aplicación y frente al nuevo contexto electoral; en marzo de 1995, durante el congreso organizado por la CSTUCB “Tierra, Territorio e Instrumento Político” resuelven y aceleran la conformación del Instrumento Político “Asamblea por la Soberanía de los Pueblos” (ASP). Inmediatamente se plantea la necesidad de participar en las elecciones, a fin de evitar que partidos políticos “tradicionales” controlen las comunidades.

Así, la elección municipal de 1995 es la oportunidad para que la ASP -a partir de su significativo poder territorial basado en los sindicatos agrarios- participe. Frente al limitado tiempo y ante la falta de personería jurídica, realizó una alianza con la Izquierda Unida (IU). Como resultado de su participación bajo la sigla IU-ASP, accedieron al control de 10 alcaldías y la elección de 38 representantes en Cochabamba, concentrados mayormente en el Trópico; más otros 9 en el país (Albo, 1996). La importancia de este inédito avance de la participación política del movimiento campesino, mostraron al sector, la utilidad y efectividad del ‘instrumento político’ dentro del juego democrático (Paz, 2010).

Tras los resultados alentadores, en enero de 1997 se realiza el II Congreso Campesino del Instrumento Político, fortaleciendo la unificación temporal del movimiento; reflejada en las elecciones de 1997, donde nuevamente bajo la alianza IU-ASP, lograron 4 diputaciones por Cochabamba y el 3.6% de la votación nacional. Así, el líder cocalero Evo Morales, entró al parlamento como el diputado más votado (70% de votos en su circunscripción).

Si bien, las elecciones de 1997 permitieron la expansión política del movimiento campesino, en este periodo también se produjo la división del brazo político, debido a pugnas por hegemonía y liderazgo entre la facción de Evo Morales y Alejo Veliz; conflicto que derivó en 1998 en el fraccionamiento temporal dentro la CSTUCB y la división de la ASP en dos ramas (Stefanoni, 2006).

A raíz de esto, en las elecciones municipales de 1999 se presentan dos frentes políticos del movimiento campesino. La rama liderada por Veliz ‘ASP’ logró 28 consejeros municipales y 5 alcaldías en Cochabamba; mientras que la dirigida por Morales, adoptando un nuevo nombre ‘Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos’ (IPSP) y presentándose bajo la sigla del “MAS”, logró mejores resultados: 79 consejeros municipales en 7 departamentos, principalmente en zonas productoras de coca y en regiones andinas.

De manera general, los resultados electorales de la participación del movimiento campesino indígena, en la década de los 90, refuerzó la idea de la autorepresentación política, lo cual se constituyó en el primer paso para disputar el monopolio de la ‘representación política’ de los partidos tradicionales.