En la historia de Bolivia se realizaron diecisiete asambleas constituyentes, aunque bajo distintas denominaciones: Convenciones Nacionales (1843, 1851, 1880-1801, 1900, 1920-1921, 1938, 1944 y 1945), Congresos Constituyentes (1834, 1839 y 1848) y Asambleas Constituyentes (1956-1957 y 1966-1967) (Barragán, 2007).

Una de las características invariables de todas estas asambleas constituyentes fue su carácter excluyente respecto de la población indígena campesina. Como ejemplo paradigmático podemos señalar la asamblea constituyente realizada en 1825, donde se fundó la república de Bolivia; en la que no participaron los indígenas, que representaban más del 80% de la población boliviana.

La Asamblea Constituyente de 2006, en este sentido, tenía un gran reto por delante: garantizar la representación de los pueblos indígenas campesinos originarios del país; que habían sido los protagonistas políticos principales de la conquista de este espacio de deliberación constituyente.

Garantizar la representación de los pueblos indígenas, volvía crucial la discusión sobre la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que establecería los mecanismos de selección de los constituyentes.

Comprendiendo su importancia, varias organizaciones trabajaron y presentaron propuestas de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente; entre ellas la más importante y sistematizada fue, sin duda, la planteada por el Pacto de Unidad. Sin embargo, a pesar del esfuerzo señalado, en marzo de 2006 se promulgó una Ley de Convocatoria centrada en las modalidades de representación liberal que, como veremos más adelante, limitó en mucho una participación autónoma y directa de los pueblos indígenas campesinos originarios del país.

La promulgada Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, establecía que se elegirían 255 constituyentes bajo dos modalidades de elección: a) 210 constituyentes serían elegidos en 70 circunscripciones territoriales; tres en cada una de ellas: dos corresponderían a la fuerza política que obtenga la mayoría y uno a la segunda fuerza; b) 45 constituyentes serían elegidos en las 9 circunscripciones plurinominales departamentales; cinco en cada una de ellas, de la siguiente forma: dos para la mayoría, uno para la segunda fuerza, uno para la tercera fuerza y uno para la cuarta fuerza.

Esta modalidad de elección implicaba varias limitaciones: a) no reconocía el sistema de elección directa por usos y costumbres, como había propuesto por ejemplo el Pacto de Unidad; y, b) se descartaba la representación especial étnica, pensada para garantizar la presencia de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Con todo, la asamblea constituyente realizada el 2006 fue un hito importante en cuanto a la participación indígena y campesina se refiere. Según una encuesta realizada por Apostamos por Bolivia (2008), el 56% de los y las asambleístas se reconocían como parte de algún pueblo indígena en el país; un porcentaje que habla de la importancia presencia indígena en la constituyente.

Por supuesto que la participación indígena campesina, no solo debe evaluarse a partir del número de constituyentes, en este caso, autoidentificados con un pueblo indígena; sino también, respecto de su aporte en la Asamblea Constituyente. En este último aspecto, el aporte indígena campesino fue el que dio contenido a la propuesta de transformación del Estado, operado en la constituyente.