Coca

Durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), y tras la visita del Zar antidrogas de EEUU, Lee Brown, se diseñó en 1994, el programa antidrogas “Opción Cero”. Política que planteaba: 1) la destrucción de todos los cultivos de hoja de coca excedentaria del Chapare y la transformación de la zona en parque nacional o zona industrial; 2) la relocalización de campesinos afectados, hacia regiones donde reciban tierras e indemnización para el desarrollo de nuevos cultivos (Contreras, 1994).

También se debe señalar que previo a la implementación del programa antidrogas “Opción Cero”, en marzo de 1994, la cancillería firmó un convenio con EEUU, comprometiendo la erradicación de 5.000 hectáreas de hoja de coca a cambio del apoyo económico de 20 millones de dólares. En este contexto, el 13 de julio del mismo año, se inicia el ‘Operativo Nuevo Amanecer’ que se constituyó en un feroz operativo de represión, pues el gobierno a fin de lograr la erradicación comprometida militarizó el Chapare, decretó estado de sitio y promovió detenciones, allanamientos y muertes.

Frente a estos atropellos y acumulación de tensiones, los productores de coca como medida de “contracción”, deciden realizar una marcha reivindicativa y de protesta hasta la sede de gobierno.

Los primeros intentos de coordinación y concentración fueron duramente reprimidos, incrementando la violencia en el trópico de Cochabamba y fortaleciendo la decisión de realizar la marcha.

A pesar del estricto control y represión de fuerzas policiales y militares, el 29 de agosto de 1994, se inicia la marcha “Por la vida, la coca y la soberanía nacional”, la cual demandaba: suspensión de la militarización, liberación de detenidos, entre ellos de su principal representante ‘Evo Morales’, retiro de efectivos de la DEA, indemnización por los cocales erradicados y revisión de las leyes de Reforma Educativa, Participación Popular y Capitalización.

Con estas demandas, la marcha de unos 30.000 cocaleros y campesinos arribó a la ciudad de La Paz el 19 de septiembre, en medio del respaldo y la adhesión de sectores como FRUTCAS, CSUTCB, productores de coca de Yungas y colonizadores, quienes sumaron y masificaron la marcha, apoyando las reivindicaciones de los cocaleros y presentando a la vez, sus propias demandas.

Frente al gran respaldo de la movilización el gobierno firmó un nuevo acuerdo, que planteaba: la aplicación del DS. 23773 de CONADAL, la necesidad de introducir modificaciones a ley 1008, constitución de una comisión interinstitucional que garantice los DDHH, respeto al fuero sindical e inicio de campaña internacional contra la despenalización de la hoja de coca (Cf. Contreras, 1994).

Cabe resaltar que la marcha mostró gran capacidad de movilización del sector cocalero y la influencia de éste dentro de las organizaciones campesinas, también, el reconocimiento a la resistencia y liderazgo de los cocaleros del Chapare, logros utilizados políticamente -por las federaciones cocaleras del Chapare y su dirigente Evo Morales- en las elecciones municipales de 1995, lo cual les permitió alcanzar representaciones dentro la política estatal.

El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), como parte de su estrategia de lucha antidroga, desarrolló la política “Opción Cero” aprobada en noviembre de 1994, a pesar de los convenios logrados en septiembre del mismo año a partir de la marcha “Por la vida, coca y soberanía nacional” realizada por los cocaleros del Chapare.

A su vez, dentro de esta política antidroga, se establecía la certificación y la desertificación, ambas relacionadas con los condicionamientos para brindar o no, apoyo económico en la lucha contra las drogas. En este sentido el gobierno de EEUU, desde 1995 impuso a Bolivia condiciones para la certificación: 1) Erradicar 5.400 hectáreas de coca durante ese año; 2) Desarrollar un plan de erradicación de cultivos de coca ilícitos con metas a mediano y largo plazo; 3) Firmar un nuevo tratado de extradición; estableciéndose así, las condiciones para el incremento de represiones en el Chapare.

Frente a la constante tensión en el Trópico, las violaciones y atropellos por efectivos, allanamientos domiciliarios y detenciones, en diciembre de 1995, se desarrolla una nueva marcha “Por la Vida y la Soberanía Nacional” protagonizada por mujeres cocaleras del trópico de Cochabamba.

Luego de enfrentar varias intervenciones, la marcha llega a la ciudad de La Paz en enero de 1996, tras 31 días de caminata y bajo el respaldo de la CSUTCB, productores cocaleros de Yungas, Bartolina Sisa, COB, universitarios y organismos de derechos humanos.

Tras el arribo de la marcha, se inició el diálogo con las primeras damas de la nación, demandado por las cocaleras, pues se pensaba que de ‘mujer a mujer’ podría hallarse comprensión, soluciones y compromisos más efectivos a sus demandas, que planteaban: desarrollo alternativo real, respeto a los mercados primarios de comercialización de coca, cese de la erradicación forzosa y de los atropellos por parte de efectivos militares y policiales (Cf. Agreda, 1996)

Si bien los testimonios de las mujeres frente a las primeras damas develaron los atropellos a los DDHH y la ineficacia del desarrollo alternativo, la propuesta de Ximena Iturralde de Sánchez de Lozada y Lidia Katari de Cárdenas, en representación del gobierno, no permitió encontrar soluciones concretas.

Las cocaleras al no lograr respuestas favorables a sus demandas, decidieron ingresar en huelga de hambre masiva en La Paz, de igual forma en Cochabamba se asumieron similares medidas de apoyo, además de bloqueos que fueron duramente reprimidos.

Ante la presión popular, el gobierno, dirigentes/tas de la COB, de las federaciones del Trópico y de Yungas reiniciaron el diálogo. Así, el 3 de febrero de 1995 se logró un convenio que garantizaba: liberación de detenidos durante los bloqueos, respeto a los DDHH, ayuda humanitaria a huérfanos, viudas o heridos afectados en operativos antidrogas y cancelación de toda coca erradicada.

Más allá de logros coyunturales, la marcha no sólo permitió reforzar la presencia e importancia de las mujeres en la resistencia y lucha cocalera, también logró vigorizar los planteamientos del sector en relación a la defensa de la soberanía nacional, bajo el argumento de poder decidir qué producir o no, en su territorio, y el cuestionamiento de la política intervencionista norteamericana en la lucha contra las drogas.

Durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez (1998-2001), se implementó el “Plan Dignidad” como política y estrategia de lucha contra el narcotráfico. Este plan proponía, a partir de la erradicación de cultivos ilegales y excedentarios de coca, sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína hasta el 2002.

El año 2000, como parte del “Plan Dignidad”, se declaró “coca cero” en el Chapare y se organizó una inspección al trópico de Cochabamba por una comisión del gobierno y de la embajada norteamericana. En estos actos, mujeres cocaleras -a manera de desmentir la farsa estatal- dispersaron grandes cantidades de hoja de coca por calles y lugares por donde recorría la comitiva.

Frente al escenario de descredito en la erradicación, Jorge Quiroga, asumida la presidencia el 6 de agosto del 2001, reinició la arremetida contra la coca, desatando igual o mayor violencia en las zonas de erradicación. En este marco de interdicción, el 27 de noviembre del mismo año, se promulga el DS. 26415, que prohibía la venta en mercados primarios, de coca plantada en zonas ilegales, asimismo disponía -por ser la coca del Chapare clasificada como ilegal- el cierre del mercado de coca de Sacaba (Gutiérrez, 2008).

El 14 de enero del 2002, en reacción a la disposición estatal, cocaleros del Chapare realizaron una multitudinaria movilización y buscan negociar con la dirección general de la Coca (DIGECO) la reapertura del mercado de Sacaba. Ante el fracaso del diálogo intentaron tomar dicha institución y quemaron 25 vehículos incautados, exigiendo la abrogación del DS. 26415.

Los enfrentamientos y la dura represión se radicalizaron y concentraron en Sacaba, dando lugar a lo que se conoce como “guerra de la coca”. Como resultado de 5 días de confrontación entre cocaleros y fuerzas militares y policiales se registran 6 muertos, más de 30 heridos y la detención de al menos 26 cocaleros, principalmente dirigentes. De los fallecidos, 4 eran soldados de la fuerza pública, y 2 habían sido linchados en venganza por la muerte de 2 cocaleros en los enfrentamientos del 16 de enero (Gutiérrez, 2008).

Asimismo, los partidos de gobierno, atribuyendo la muerte de los 4 uniformados al diputado y principal representante del movimiento cocalero ‘Evo Morales’, lograron su expulsión del Congreso de la República. Este hecho hizo que el conflicto adquiera dos frentes: uno referido a la prohibición del comercio de coca del Chapare y otro, el desafuero de Morales.

Frente a excesos de la fuerza del orden y del congreso, inicialmente, organizaciones sociales de Cochabamba: coordinadora de defensa del agua, federación de regantes, estudiantes, comerciantes y vecinos, expresaron su apoyo, iniciando bloqueos contra la represión hacia cocaleros y frente a la expulsión del diputado Morales; posteriormente el conflicto adquirió alcance nacional, con el apoyo de la CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe.

La presión de sectores sociales y de la opinión pública, posibilita que el conflicto derive en un acuerdo con el gobierno, logrando la abrogación del DS. 26415 y la liberación de detenidos.