Durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez (1998-2001), se implementó el “Plan Dignidad” como política y estrategia de lucha contra el narcotráfico. Este plan proponía, a partir de la erradicación de cultivos ilegales y excedentarios de coca, sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína hasta el 2002.

El año 2000, como parte del “Plan Dignidad”, se declaró “coca cero” en el Chapare y se organizó una inspección al trópico de Cochabamba por una comisión del gobierno y de la embajada norteamericana. En estos actos, mujeres cocaleras -a manera de desmentir la farsa estatal- dispersaron grandes cantidades de hoja de coca por calles y lugares por donde recorría la comitiva.

Frente al escenario de descredito en la erradicación, Jorge Quiroga, asumida la presidencia el 6 de agosto del 2001, reinició la arremetida contra la coca, desatando igual o mayor violencia en las zonas de erradicación. En este marco de interdicción, el 27 de noviembre del mismo año, se promulga el DS. 26415, que prohibía la venta en mercados primarios, de coca plantada en zonas ilegales, asimismo disponía -por ser la coca del Chapare clasificada como ilegal- el cierre del mercado de coca de Sacaba (Gutiérrez, 2008).

El 14 de enero del 2002, en reacción a la disposición estatal, cocaleros del Chapare realizaron una multitudinaria movilización y buscan negociar con la dirección general de la Coca (DIGECO) la reapertura del mercado de Sacaba. Ante el fracaso del diálogo intentaron tomar dicha institución y quemaron 25 vehículos incautados, exigiendo la abrogación del DS. 26415.

Los enfrentamientos y la dura represión se radicalizaron y concentraron en Sacaba, dando lugar a lo que se conoce como “guerra de la coca”. Como resultado de 5 días de confrontación entre cocaleros y fuerzas militares y policiales se registran 6 muertos, más de 30 heridos y la detención de al menos 26 cocaleros, principalmente dirigentes. De los fallecidos, 4 eran soldados de la fuerza pública, y 2 habían sido linchados en venganza por la muerte de 2 cocaleros en los enfrentamientos del 16 de enero (Gutiérrez, 2008).

Asimismo, los partidos de gobierno, atribuyendo la muerte de los 4 uniformados al diputado y principal representante del movimiento cocalero ‘Evo Morales’, lograron su expulsión del Congreso de la República. Este hecho hizo que el conflicto adquiera dos frentes: uno referido a la prohibición del comercio de coca del Chapare y otro, el desafuero de Morales.

Frente a excesos de la fuerza del orden y del congreso, inicialmente, organizaciones sociales de Cochabamba: coordinadora de defensa del agua, federación de regantes, estudiantes, comerciantes y vecinos, expresaron su apoyo, iniciando bloqueos contra la represión hacia cocaleros y frente a la expulsión del diputado Morales; posteriormente el conflicto adquirió alcance nacional, con el apoyo de la CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe.

La presión de sectores sociales y de la opinión pública, posibilita que el conflicto derive en un acuerdo con el gobierno, logrando la abrogación del DS. 26415 y la liberación de detenidos.