El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), como parte de su estrategia de lucha antidroga, desarrolló la política “Opción Cero” aprobada en noviembre de 1994, a pesar de los convenios logrados en septiembre del mismo año a partir de la marcha “Por la vida, coca y soberanía nacional” realizada por los cocaleros del Chapare.

A su vez, dentro de esta política antidroga, se establecía la certificación y la desertificación, ambas relacionadas con los condicionamientos para brindar o no, apoyo económico en la lucha contra las drogas. En este sentido el gobierno de EEUU, desde 1995 impuso a Bolivia condiciones para la certificación: 1) Erradicar 5.400 hectáreas de coca durante ese año; 2) Desarrollar un plan de erradicación de cultivos de coca ilícitos con metas a mediano y largo plazo; 3) Firmar un nuevo tratado de extradición; estableciéndose así, las condiciones para el incremento de represiones en el Chapare.

Frente a la constante tensión en el Trópico, las violaciones y atropellos por efectivos, allanamientos domiciliarios y detenciones, en diciembre de 1995, se desarrolla una nueva marcha “Por la Vida y la Soberanía Nacional” protagonizada por mujeres cocaleras del trópico de Cochabamba.

Luego de enfrentar varias intervenciones, la marcha llega a la ciudad de La Paz en enero de 1996, tras 31 días de caminata y bajo el respaldo de la CSUTCB, productores cocaleros de Yungas, Bartolina Sisa, COB, universitarios y organismos de derechos humanos.

Tras el arribo de la marcha, se inició el diálogo con las primeras damas de la nación, demandado por las cocaleras, pues se pensaba que de ‘mujer a mujer’ podría hallarse comprensión, soluciones y compromisos más efectivos a sus demandas, que planteaban: desarrollo alternativo real, respeto a los mercados primarios de comercialización de coca, cese de la erradicación forzosa y de los atropellos por parte de efectivos militares y policiales (Cf. Agreda, 1996)

Si bien los testimonios de las mujeres frente a las primeras damas develaron los atropellos a los DDHH y la ineficacia del desarrollo alternativo, la propuesta de Ximena Iturralde de Sánchez de Lozada y Lidia Katari de Cárdenas, en representación del gobierno, no permitió encontrar soluciones concretas.

Las cocaleras al no lograr respuestas favorables a sus demandas, decidieron ingresar en huelga de hambre masiva en La Paz, de igual forma en Cochabamba se asumieron similares medidas de apoyo, además de bloqueos que fueron duramente reprimidos.

Ante la presión popular, el gobierno, dirigentes/tas de la COB, de las federaciones del Trópico y de Yungas reiniciaron el diálogo. Así, el 3 de febrero de 1995 se logró un convenio que garantizaba: liberación de detenidos durante los bloqueos, respeto a los DDHH, ayuda humanitaria a huérfanos, viudas o heridos afectados en operativos antidrogas y cancelación de toda coca erradicada.

Más allá de logros coyunturales, la marcha no sólo permitió reforzar la presencia e importancia de las mujeres en la resistencia y lucha cocalera, también logró vigorizar los planteamientos del sector en relación a la defensa de la soberanía nacional, bajo el argumento de poder decidir qué producir o no, en su territorio, y el cuestionamiento de la política intervencionista norteamericana en la lucha contra las drogas.