El 11 de enero de 1986, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) presentó el “Plan trienal de lucha contra el narcotráfico”, enmarcado dentro la política antidroga norteamericana. El plan disponía la interdicción y erradicación de coca excedentaria, siendo sus principales objetivos: 1) reducir el precio de la coca; 2) erradicación forzosa de cultivos ilegales, 3) evitar nuevas áreas de producción. Otro aspecto controversial de la propuesta era la consideración de la hoja coca como sustancia peligrosa y la masticación como uso indebido de drogas.

La aplicación del plan trienal, movilizó a los productores de hoja coca y se organizaron las primeras acciones de protesta. Los productores de hoja de coca exigieron que el plan trienal y la propuesta de ley de sustancias controladas sean analizados y debatidos por sectores involucrados y no responda a imposiciones de EEUU.

Como resultado de las acciones de protesta y las negociaciones, en cuyo proceso se produce la muerte de dos campesinos y la detención de varios cocaleros, se firma un acuerdo entre el gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las Federaciones de productores de coca, denominado plan integral de desarrollo y sustitución de cultivos (PIDYS), y el compromiso de analizar el tratamiento de la hoja de coca fuera del régimen de sustancias controladas.

Ante el incumplimiento gubernamental de los acuerdos, en junio de 1988, cocaleros del Chapare reiniciaron sus movilizaciones, exigiendo una legislación para la coca, separada a la referida al tráfico de drogas. Este episodio, alcanzó su punto más elevado de represión, durante el cerco por parte de efectivos de UMOPAR a cocaleros, hecho que dio lugar a la masacre de Villa Tunari; que provocó la muerte de 16 cocaleros, algunos alcanzados por balas y otros que perdieron la vida ahogados, intentando escapar por el río próximo al lugar de los hechos.

Frente a lo sucedido en Villa Tunari, productores de coca de Yungas, COB, CSUTCB, iglesia, oposición parlamentaria y organismos de DDHH, apoyaron y reconocieron las demandas cocaleras. Presión, que llevó al gobierno a reiniciar el diálogo, del cual se logró un nuevo compromiso para analizar el tratamiento de la coca fuera del régimen de sustancias controladas.

A pesar de este pasaje, el gobierno con apoyo de la embajada norteamericana, en julio de 1988, aprueba la Ley del régimen de coca y sustancias controladas “Ley 1008”, incumpliendo así, acuerdos anteriores. La nueva ley, además de tratar de manera conjunta el régimen de la coca y sustancias controladas, implica: 1) definición de la coca como estupefaciente; 2) tipificación de zonas de producción en tradicional, excedentaria, en transición e ilícita, 3) penalización de zonas y volúmenes de producción.

De todas formas, las movilizaciones lograron modificaciones en la ley: 1) prohibición de químicos en la eliminación de plantaciones; 2) establecimiento de que la erradicación de la zona “excedentaria en transición” se sujete a la sustitución. Asimismo, en este periodo, el movimiento cocalero logró mayor homogeneidad y articulación discursiva, relacionando sus demandas con argumentos económicos, culturales y políticos, permitiendo así, ampliar alianzas y el fortalecimiento ideológico del sector.