Durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), y tras la visita del Zar antidrogas de EEUU, Lee Brown, se diseñó en 1994, el programa antidrogas “Opción Cero”. Política que planteaba: 1) la destrucción de todos los cultivos de hoja de coca excedentaria del Chapare y la transformación de la zona en parque nacional o zona industrial; 2) la relocalización de campesinos afectados, hacia regiones donde reciban tierras e indemnización para el desarrollo de nuevos cultivos (Contreras, 1994).

También se debe señalar que previo a la implementación del programa antidrogas “Opción Cero”, en marzo de 1994, la cancillería firmó un convenio con EEUU, comprometiendo la erradicación de 5.000 hectáreas de hoja de coca a cambio del apoyo económico de 20 millones de dólares. En este contexto, el 13 de julio del mismo año, se inicia el ‘Operativo Nuevo Amanecer’ que se constituyó en un feroz operativo de represión, pues el gobierno a fin de lograr la erradicación comprometida militarizó el Chapare, decretó estado de sitio y promovió detenciones, allanamientos y muertes.

Frente a estos atropellos y acumulación de tensiones, los productores de coca como medida de “contracción”, deciden realizar una marcha reivindicativa y de protesta hasta la sede de gobierno.

Los primeros intentos de coordinación y concentración fueron duramente reprimidos, incrementando la violencia en el trópico de Cochabamba y fortaleciendo la decisión de realizar la marcha.

A pesar del estricto control y represión de fuerzas policiales y militares, el 29 de agosto de 1994, se inicia la marcha “Por la vida, la coca y la soberanía nacional”, la cual demandaba: suspensión de la militarización, liberación de detenidos, entre ellos de su principal representante ‘Evo Morales’, retiro de efectivos de la DEA, indemnización por los cocales erradicados y revisión de las leyes de Reforma Educativa, Participación Popular y Capitalización.

Con estas demandas, la marcha de unos 30.000 cocaleros y campesinos arribó a la ciudad de La Paz el 19 de septiembre, en medio del respaldo y la adhesión de sectores como FRUTCAS, CSUTCB, productores de coca de Yungas y colonizadores, quienes sumaron y masificaron la marcha, apoyando las reivindicaciones de los cocaleros y presentando a la vez, sus propias demandas.

Frente al gran respaldo de la movilización el gobierno firmó un nuevo acuerdo, que planteaba: la aplicación del DS. 23773 de CONADAL, la necesidad de introducir modificaciones a ley 1008, constitución de una comisión interinstitucional que garantice los DDHH, respeto al fuero sindical e inicio de campaña internacional contra la despenalización de la hoja de coca (Cf. Contreras, 1994).

Cabe resaltar que la marcha mostró gran capacidad de movilización del sector cocalero y la influencia de éste dentro de las organizaciones campesinas, también, el reconocimiento a la resistencia y liderazgo de los cocaleros del Chapare, logros utilizados políticamente -por las federaciones cocaleras del Chapare y su dirigente Evo Morales- en las elecciones municipales de 1995, lo cual les permitió alcanzar representaciones dentro la política estatal.