El derecho a la libre determinación es la potestad de los pueblos o naciones indígenas a regir sus propios destinos; es decir, a determinar su propio estatuto político, desarrollo económico y cultural, sin injerencias externas y de acuerdo al principio de igualdad (Artículo 3, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo 2 Constitución Política del Estado).

Este derecho no implica potestad para constituir un Estado independiente, anexionarse o separarse del territorio de un Estado. Sobre este aspecto, la Declaración de las Naciones Unidas señala que “nada de lo contenido en la presente declaración será interpretado como una amenaza que quebrante total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes” (Artículo 46). Por su parte, la nueva Constitución, reitera los alcances establecidos en la Declaración para el derecho a la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas, al establecer que este derecho se reconoce y garantiza “en el marco de la unidad del Estado” (Artículo 2).

El modo cómo se reconoce el ejercicio del derecho a la libre determinación en nuestro país es a través de la figura de la “autonomía indígena originaria campesina” (artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; artículo 3 de la constitución política del Estado). Esta autonomía consiste en el derecho al autogobierno de los pueblos y naciones indígenas en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales” (Artículo 4, Constitución Política del Estado).