La jurisdicción indígena originaria campesina es la potestad que tienen los pueblos y naciones indígenas para administrar justicia dentro de sus territorios, a través de autoridades, normas y procedimientos propios.

La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial.

La vigencia personal implica que sólo los miembros de los pueblos y naciones indígenas están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina (Artículo 9, Ley de Deslinde Jurisdiccional).

La vigencia material está referida a la delimitación de los hechos o conflictos que las autoridades indígenas pueden conocer en el ámbito de su jurisdicción. Conforme al artículo 10, de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la jurisdicción indígena campesina originaria no tiene competencia sobre las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el derecho internacional; todos los delitos donde el Estado sea víctima; delitos de trata y tráfico de personas; tráfico de armas y drogas; delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes; y, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas.

La vigencia territorial, se refiere a que las autoridades indígena originaria campesinas, solo pueden conocer hechos que se realizan o cuyo efectos se producen dentro del territorio de los pueblos o naciones indígenas (Artículo 11, Ley de Deslinde Jurisdiccional).