Desde antes de la llegada de los españoles, los indígenas que ocupaban los valles de Cochabamba controlaban y gestionaban el agua de manera comunitaria. En el periodo colonial, con la aplicación de las políticas toledanas (1579), se organizaron las reducciones o “pueblos reales de indios”; ésta política consistió en la entrega a los indígenas de un determinado territorio con el control comunitario de la tierra y el agua, a cambio de que se entregue al Estado colonial tributos y se cumpla con el sistema de mitas. A pesar de estas disposiciones, durante el periodo colonial fueron reiteradas las usurpaciones de fuentes de agua de propiedad indígena por parte de españoles, lo que motivó a los indígenas, patrocinados por los “protectores de indios” en el sistema judicial español, entablar juicios reclamando sus derechos sobre el agua, con el argumento que ellos las controlaban desde las épocas de los incas.

Las rebeliones indígenas de finales del siglo XIX y las que se desataron en los años 30 del siglo XX que culminaron en la revolución nacional de 1952, tenían entre sus reivindicaciones principales recuperar, junto con la tierra, sus derechos sobre el agua.

Durante todo este tiempo los indígena originarios de los valles de Cochabamba, conocidos en la actualidad como campesinos regantes, gestionaron el agua bajo el criterio de los “usos y costumbres”, que consiste en la gestión comunitaria del agua.

Sin embargo, a pesar de la gestión comunitaria ancestral del agua por parte de los campesinos regantes de los valles de Cochabamba, en 1999, el gobierno de Bánzer (1997-2001), entregó en concesión a la transnacional “Aguas del Tunari”, todas sus fuentes de agua superficiales y subterráneas, incluidos sistemas de riego y pozos de agua; poniendo en riesgo la viabilidad de la estructura material y cultural en torno a las cuales las comunidades campesinas de los valles se habían organizado desde siempre.

Para defender sus derechos los campesinos regantes fundaron la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR), y emprendieron movilizaciones y bloqueos de caminos contra la privatización del agua desde finales de los años 90.

A principios del año 2000, la FEDECOR impulsó la “unificación de la lucha del campo y la ciudad”, que se materializó con la creación de la Coordinadora del Agua y la Vida; que inició movilizaciones y bloqueos a partir de enero del 2000; los mismos que se radicalizaron en abril, luego de una consulta popular, con participación de más de 50 mil personas que demandaba la anulación del contrato con “Aguas del Tunari”.

La movilización rural y campesina se volvió incontenible para el gobierno que se vio obligado a anular el contrato con “Aguas del Tunari” y aprobar una la Ley de Aguas que reconozca a los campesinos regantes la propiedad comunitaria sobre el agua y el respeto a los “usos y costumbres” en su gestión.