Tierra y Territorio

La reforma tributaria, aprobada mediante Ley N°843 del 20 de mayo de 1986, formó parte de las medidas de “ajuste estructural” de la economía promovidas por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989).

Esta medida tuvo como objetivo captar mayores ingresos para que el país pueda pagar su deuda, como condición de solvencia exigida por el Fondo Monetario Internacional, para obtener nuevos créditos.

Se establecieron seis tipos de impuestos: al valor agregado (para ventas e ingresos), a la renta de empresas, a las transacciones, al consumo específico y el impuesto a la propiedad. Dentro de este último, se creó el impuesto a la propiedad rural que incluye a los minifundistas campesinos.

El impuesto sobre la propiedad rural, que podía interpretarse como un detalle insignificante dentro de la nueva política tributaria gubernamental, fue el detonante más importante de la primera movilización campesina por la tierra y el territorio durante la época neoliberal.

Lo que en realidad estaba en juego no era para nada insignificante: el impuesto a la propiedad rural era parte central del proyecto de “modernización” agraria impulsada por el gobierno, bajo el nombre de “Agropoder”.

Este proyecto buscaba liquidar el minifundio a partir de la presión fiscal ejercida contra los campesinos minifundistas quienes se verían obligados, por la carga tributaria, a vender sus tierras. A su vez, esto generaría un mercado de tierras que permitiría nuevos procesos de acumulación de tierras, pero también liberaría la fuerza de trabajo campesina.

Por tanto, la “modernización” agraria implicaba, en palabras del entonces presidente de la reforma agraria, Luís Antezana Ergueta, “incorporar al campesino al sistema capitalista”, esto significaba “liberar” (liberalizar) la fuerza de trabajo campesino y la tierra del control jurisdiccional comunitario.

Como se aprecia, en el fondo lo que estaba en discusión era quién controlaba y bajo qué mecanismos el acceso a la tierra y el territorio.

Desde la perspectiva de las organizaciones campesinas e indígenas, ellos no tenían porque cancelar el impuesto, la razón eran sencilla pero contundente: la tierra es de los campesinos y no del Estado, por tanto, no están obligados a pagar nada. Además, se señalaba, que los campesinos e indígenas pagan desde siempre un impuesto directo y otro indirecto. El primero, se pagó desde la colonia en forma de tributo y luego como “contribución territorial” durante la república. El segundo, se paga cuando son los campesinos con sus propios recursos son quienes construyen sus caminos, escuelas, postas de salud, sin ningún tipo de apoyo del Estado.

A pesar de la desaprobación de la reforma tributaria por parte de campesinos y sectores populares, expresada en una consulta popular impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) que rechazaba la medida, el gobierno la aprobó. La reacción campesina fue inmediata: manifestaciones sucesivas empezaron a invadir las ciudades y en junio de 1986 en el departamento de Cochabamba se presenció la movilización campesina más grande de la que se tuviera memoria desde la reforma agraria de 1953 (Regalsky, 2003). Ante la presión de la movilización campesina, el gobierno tuvo que posponer el pago del impuesto rural hasta 1987 y luego cancelarla definitivamente.

Bibliografía

REGALSKY, Pablo. 2003. Etnicidad y Clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo del espacio. Cochabamba: CEIDIS / PLURAL / CENDA.

El Salar de Uyuni se encuentra ubicado en el altiplano sudoeste del departamento de Potosí; es una extensa y brillosa planicie de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados, cubierta de minerales incrustados en la sal.

Bajo este blanco mar de sal se encuentra el mayor reservorio de litio del mundo; se estima una reserva de más de 100 millones de toneladas métricas.

Esta zona alberga a una población aymara quechua que vive de la extracción artesanal y el intercambio de la sal, de la cría de ganado auquénido, de la explotación artesanal de minerales y, recientemente, de la producción de quinua y la actividad turística.

La lucha por el reconocimiento de este vasto territorio puede remontarse a 1932. En ese año los ayllus lograron que el gobierno reconozca los títulos reales hispánicos de “Composición de Tierras” de acuerdo a la ley de 1883. En 1950 estos mismos títulos fueron validados mediante protocolo notariado; esto significó que el Estado reconocía al Salar de Uyuni como “propiedad privada” de los pobladores campesinos indígenas de Lípez. Por último, en 1953 no permitieron que el Consejo Nacional de Reforma Agraria parcele la propiedad de las tierras comunales, a través de la entrega de títulos individuales (Regalsky 2003).

A pesar de estos antecedentes de lucha por el reconocimiento territorial, en 1974 el gobierno de Banzer declaró al Salar de Uyuni y sus recursos minerales como “reserva fiscal”, lo que le otorgará al Estado una propiedad de facto sobre la zona y el derecho legal de explotar o dar en concesión la explotación de todos los recursos naturales en él contenidos.

Con la apertura a la explotación privada de los recursos naturales promovidas por el neoliberalismo, en 1985 el Gobierno de Víctor Paz inició negociaciones con la transnacional minera Lihco Inc. para la explotación de litio en el Salar de Uyuni. Fue el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) quién llevó a su término estas negociaciones con la firma de un contrato de explotación con esta transnacional.

Los ayllus de las provincias del Norte y Sur Lípez organizados desde 1979 en la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS), iniciaron un gigantesco movimiento territorial por la recuperación del Salar de Uyuni desde mediados de 1985.

Este movimiento territorial no sólo basó su demanda en la reivindicación de un derecho ancestral sobre el territorio, sino también en el rechazo a la política neoliberal de apertura de los recursos naturales a la explotación privada, que amenazaba su propio espacio vital y de reproducción comunitaria.

Presionado por la movilización y resistencia organizada por la FRUTCAS, y por un contexto internacional favorable al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el gobierno de Jaime Paz Zamora tuvo que cancelar en mayo de 1990 el contrato previamente firmado con la transnacional Lihco Inc.

Bibliografía

REGALSKY, Pablo. 2003. Etnicidad y Clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo del espacio. Cochabamba: CEIDIS / PLURAL / CENDA.

 La Marcha por el Territorio y la Dignidad fue resultado de un largo y complejo proceso de articulación política, discursiva e identitaria de comunidades y cabildos indígenas del Beni, que habían resistido de manera aislada y local la expropiación y destrucción de sus territorios por parte de empresas madereras y ganaderos.

La marcha se articuló a partir de tres conflictos territoriales, que se constituirán en base central de la demanda territorial indígena.

El Bosque Chiman, cuya condición de Reserva de Inmovilización Forestal declarada en 1978, fue suspendida en 1986, autorizando el ingreso de varias empresas madereras, que iniciaron actividades extractivas en 1988.

El Isiboro Secure, reconocido como parque nacional en 1965, que tuvo que soportar desde 1980 el ingreso de colonizadores; además del desarrollo de un creciente proceso de cacería, acicateado por la demanda internacional de cueros de fauna silvestre.

Finalmente, el Ibiato (Loma Alta), donde se otorgaron dotaciones agrarias a, por lo menos, once estancias ganaderas, lo que casi provocó que los Sirionó se levanten en armas en julio de 1989 contra el avasallamiento de los ganaderos, medida que fue suspendida por la oportuna intervención de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo.

El 16 de agosto la marcha parte de Trinidad rumbo a La Paz, con 300 marchistas de los pueblos movima, yuracaré, mojeño y sirionó del Beni; en el camino se incorporaron guaraníes de Chuquisaca, matacos del Chaco, tacanas del Norte de La Paz, mosetenes del Alto Beni y urus chipayas del Altiplano, hasta superar los 800 marchistas. Al llegar a La Paz, después de 34 días de caminata y un recorrido de más de 700 kilómetros, en la cumbre nevada de la cordillera en medio de sonidos de pututus (cuernos) y el ondear de whiphalas (banderas indígenas) fueron recibidos por aymaras y quechuas y con ellos sellaron un pacto de sangre con el sacrificio ritual de una llama (Cf. Albó 1996).

A pesar de los intentos de división y desacreditación de la marcha por parte del gobierno, de los círculos de empresarios y sectores del comité cívico del Beni, ésta despertó una solidaridad nunca antes vista en la historia del país entre los sectores urbanos, además de un gran impacto mediático.

El gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) presionado por las circunstancias se apresuró en aprobar tres decretos supremos mediante los cuales se reconoció legalmente cuatro territorios indígenas: Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), Territorio Indígena Multiétnico Chimanes (TIMCH) y Territorio Indígena del pueblo Sirionó en el Ibiato y un área de 30.000 hectáreas en el Monte San Pablo. Apruebó además, un cuarto decreto, donde se declaró la intención de promulgar una ley específica para pueblos y comunidades nativas que más adelante se conocerá como Proyecto de Ley para los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía.

Desde entonces la noción de territorio se impuso en el debate público y asumido también por los pueblos campesinos indígenas de tierras altas como parte de su agenda política y empiezó a abrirse brecha dentro la legislación boliviana.

Con la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gonzalo Sánchez de Lozada pretendía cerrar el conjunto de reformas estructurales neoliberales de segunda generación iniciadas durante su gobierno (1993-1997). El objetivo central de esta nueva norma era ante todo ampliar y regular un mercado abierto y transparente de tierras.

El movimiento campesino indígena que parecía haber sido neutralizado en su capacidad de movilización e interpelación contra las reformas neoliberales, logró aglutinar a diversas organizaciones del país como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, con el propósito de realizar una marcha desde distintos puntos del país rumbo a La Paz, para presionar al gobierno en torno a las modificaciones de la propuesta de Ley INRA.

Al principio todas las organizaciones campesinas indígenas acordaron una plataforma común de lucha que, en lo referido al tema de la tierra y el territorio, planteaba la titulación de territorios indígenas, campesinos y de colonizadores; la aprobación consensuada de la Ley INRA consensuada y el rechazo a la mercantilización de la tierra (Loayza 2000).

Sin embargo, a pesar de esta plataforma común de lucha, cada una de las organizaciones tenía intereses muy específicos en relación a la Ley INRA que terminaron provocando en el camino divisiones, para mencionar sólo dos casos: las federaciones cocaleras no tenían una política de tierras y territorial definida, peleaban por que se quiten algunas disposiciones de protección del medio ambiente que pensaban podrían usarse contra sus cultivos de coca; por su parte, la CIDOB buscaba el reconocimiento legal y titulación definitiva de sus TCOs, por eso mismo, después de negociar y llegar a un acuerdo con el gobierno hacen un alto en medio camino (Albó 2010), lo que provocó que la CSUTCB calificara de “traidor” a Marcial Fabricano, máximo representante de la CIDOB.

Con todo, después de 35 días de caminata, 40.000 campesinos e indígenas arribaron a La Paz el 26 de septiembre. Desde su llegada son reprimidos por fuerzas del orden, el saldo trágico es de 5 muertos y más de 50 heridos (Patzi 2009). Sin embargo, el gobierno recién negoció con ellos el 11 de octubre y aprobó la Ley INRA sin muchas modificaciones.

Le corresponderá a Bánzer (1997-2000) aplicar la nueva ley. La orientación que le dio fue básicamente a favor de la apertura del mercado libre de tierras e incluso a facilitar la regulación de títulos agrarios de sus allegados políticos. Se ignoró la dotación de tierras en el Oriente a favor de migrantes campesinos que la necesitaban (Albó 2008).

En lo que sí se avanzó, aunque de manera lenta y con muchas trabas burocráticas fue en la tramitación de TCOs, sobre todo en el Oriente boliviano. Los campesinos de tierras altas, por su parte, iniciaron el proceso de conversión de sus comunidades en TCOs, lo que les garantizaba control territorial sobre algunos recursos y aplicar sus “usos y costumbres”.