El Salar de Uyuni se encuentra ubicado en el altiplano sudoeste del departamento de Potosí; es una extensa y brillosa planicie de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados, cubierta de minerales incrustados en la sal.

Bajo este blanco mar de sal se encuentra el mayor reservorio de litio del mundo; se estima una reserva de más de 100 millones de toneladas métricas.

Esta zona alberga a una población aymara quechua que vive de la extracción artesanal y el intercambio de la sal, de la cría de ganado auquénido, de la explotación artesanal de minerales y, recientemente, de la producción de quinua y la actividad turística.

La lucha por el reconocimiento de este vasto territorio puede remontarse a 1932. En ese año los ayllus lograron que el gobierno reconozca los títulos reales hispánicos de “Composición de Tierras” de acuerdo a la ley de 1883. En 1950 estos mismos títulos fueron validados mediante protocolo notariado; esto significó que el Estado reconocía al Salar de Uyuni como “propiedad privada” de los pobladores campesinos indígenas de Lípez. Por último, en 1953 no permitieron que el Consejo Nacional de Reforma Agraria parcele la propiedad de las tierras comunales, a través de la entrega de títulos individuales (Regalsky 2003).

A pesar de estos antecedentes de lucha por el reconocimiento territorial, en 1974 el gobierno de Banzer declaró al Salar de Uyuni y sus recursos minerales como “reserva fiscal”, lo que le otorgará al Estado una propiedad de facto sobre la zona y el derecho legal de explotar o dar en concesión la explotación de todos los recursos naturales en él contenidos.

Con la apertura a la explotación privada de los recursos naturales promovidas por el neoliberalismo, en 1985 el Gobierno de Víctor Paz inició negociaciones con la transnacional minera Lihco Inc. para la explotación de litio en el Salar de Uyuni. Fue el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) quién llevó a su término estas negociaciones con la firma de un contrato de explotación con esta transnacional.

Los ayllus de las provincias del Norte y Sur Lípez organizados desde 1979 en la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS), iniciaron un gigantesco movimiento territorial por la recuperación del Salar de Uyuni desde mediados de 1985.

Este movimiento territorial no sólo basó su demanda en la reivindicación de un derecho ancestral sobre el territorio, sino también en el rechazo a la política neoliberal de apertura de los recursos naturales a la explotación privada, que amenazaba su propio espacio vital y de reproducción comunitaria.

Presionado por la movilización y resistencia organizada por la FRUTCAS, y por un contexto internacional favorable al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el gobierno de Jaime Paz Zamora tuvo que cancelar en mayo de 1990 el contrato previamente firmado con la transnacional Lihco Inc.

Bibliografía

REGALSKY, Pablo. 2003. Etnicidad y Clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo del espacio. Cochabamba: CEIDIS / PLURAL / CENDA.