La reforma tributaria, aprobada mediante Ley N°843 del 20 de mayo de 1986, formó parte de las medidas de “ajuste estructural” de la economía promovidas por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989).

Esta medida tuvo como objetivo captar mayores ingresos para que el país pueda pagar su deuda, como condición de solvencia exigida por el Fondo Monetario Internacional, para obtener nuevos créditos.

Se establecieron seis tipos de impuestos: al valor agregado (para ventas e ingresos), a la renta de empresas, a las transacciones, al consumo específico y el impuesto a la propiedad. Dentro de este último, se creó el impuesto a la propiedad rural que incluye a los minifundistas campesinos.

El impuesto sobre la propiedad rural, que podía interpretarse como un detalle insignificante dentro de la nueva política tributaria gubernamental, fue el detonante más importante de la primera movilización campesina por la tierra y el territorio durante la época neoliberal.

Lo que en realidad estaba en juego no era para nada insignificante: el impuesto a la propiedad rural era parte central del proyecto de “modernización” agraria impulsada por el gobierno, bajo el nombre de “Agropoder”.

Este proyecto buscaba liquidar el minifundio a partir de la presión fiscal ejercida contra los campesinos minifundistas quienes se verían obligados, por la carga tributaria, a vender sus tierras. A su vez, esto generaría un mercado de tierras que permitiría nuevos procesos de acumulación de tierras, pero también liberaría la fuerza de trabajo campesina.

Por tanto, la “modernización” agraria implicaba, en palabras del entonces presidente de la reforma agraria, Luís Antezana Ergueta, “incorporar al campesino al sistema capitalista”, esto significaba “liberar” (liberalizar) la fuerza de trabajo campesino y la tierra del control jurisdiccional comunitario.

Como se aprecia, en el fondo lo que estaba en discusión era quién controlaba y bajo qué mecanismos el acceso a la tierra y el territorio.

Desde la perspectiva de las organizaciones campesinas e indígenas, ellos no tenían porque cancelar el impuesto, la razón eran sencilla pero contundente: la tierra es de los campesinos y no del Estado, por tanto, no están obligados a pagar nada. Además, se señalaba, que los campesinos e indígenas pagan desde siempre un impuesto directo y otro indirecto. El primero, se pagó desde la colonia en forma de tributo y luego como “contribución territorial” durante la república. El segundo, se paga cuando son los campesinos con sus propios recursos son quienes construyen sus caminos, escuelas, postas de salud, sin ningún tipo de apoyo del Estado.

A pesar de la desaprobación de la reforma tributaria por parte de campesinos y sectores populares, expresada en una consulta popular impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) que rechazaba la medida, el gobierno la aprobó. La reacción campesina fue inmediata: manifestaciones sucesivas empezaron a invadir las ciudades y en junio de 1986 en el departamento de Cochabamba se presenció la movilización campesina más grande de la que se tuviera memoria desde la reforma agraria de 1953 (Regalsky, 2003). Ante la presión de la movilización campesina, el gobierno tuvo que posponer el pago del impuesto rural hasta 1987 y luego cancelarla definitivamente.

Bibliografía

REGALSKY, Pablo. 2003. Etnicidad y Clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo del espacio. Cochabamba: CEIDIS / PLURAL / CENDA.