Con la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gonzalo Sánchez de Lozada pretendía cerrar el conjunto de reformas estructurales neoliberales de segunda generación iniciadas durante su gobierno (1993-1997). El objetivo central de esta nueva norma era ante todo ampliar y regular un mercado abierto y transparente de tierras.

El movimiento campesino indígena que parecía haber sido neutralizado en su capacidad de movilización e interpelación contra las reformas neoliberales, logró aglutinar a diversas organizaciones del país como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, con el propósito de realizar una marcha desde distintos puntos del país rumbo a La Paz, para presionar al gobierno en torno a las modificaciones de la propuesta de Ley INRA.

Al principio todas las organizaciones campesinas indígenas acordaron una plataforma común de lucha que, en lo referido al tema de la tierra y el territorio, planteaba la titulación de territorios indígenas, campesinos y de colonizadores; la aprobación consensuada de la Ley INRA consensuada y el rechazo a la mercantilización de la tierra (Loayza 2000).

Sin embargo, a pesar de esta plataforma común de lucha, cada una de las organizaciones tenía intereses muy específicos en relación a la Ley INRA que terminaron provocando en el camino divisiones, para mencionar sólo dos casos: las federaciones cocaleras no tenían una política de tierras y territorial definida, peleaban por que se quiten algunas disposiciones de protección del medio ambiente que pensaban podrían usarse contra sus cultivos de coca; por su parte, la CIDOB buscaba el reconocimiento legal y titulación definitiva de sus TCOs, por eso mismo, después de negociar y llegar a un acuerdo con el gobierno hacen un alto en medio camino (Albó 2010), lo que provocó que la CSUTCB calificara de “traidor” a Marcial Fabricano, máximo representante de la CIDOB.

Con todo, después de 35 días de caminata, 40.000 campesinos e indígenas arribaron a La Paz el 26 de septiembre. Desde su llegada son reprimidos por fuerzas del orden, el saldo trágico es de 5 muertos y más de 50 heridos (Patzi 2009). Sin embargo, el gobierno recién negoció con ellos el 11 de octubre y aprobó la Ley INRA sin muchas modificaciones.

Le corresponderá a Bánzer (1997-2000) aplicar la nueva ley. La orientación que le dio fue básicamente a favor de la apertura del mercado libre de tierras e incluso a facilitar la regulación de títulos agrarios de sus allegados políticos. Se ignoró la dotación de tierras en el Oriente a favor de migrantes campesinos que la necesitaban (Albó 2008).

En lo que sí se avanzó, aunque de manera lenta y con muchas trabas burocráticas fue en la tramitación de TCOs, sobre todo en el Oriente boliviano. Los campesinos de tierras altas, por su parte, iniciaron el proceso de conversión de sus comunidades en TCOs, lo que les garantizaba control territorial sobre algunos recursos y aplicar sus “usos y costumbres”.