La Marcha por el Territorio y la Dignidad fue resultado de un largo y complejo proceso de articulación política, discursiva e identitaria de comunidades y cabildos indígenas del Beni, que habían resistido de manera aislada y local la expropiación y destrucción de sus territorios por parte de empresas madereras y ganaderos.

La marcha se articuló a partir de tres conflictos territoriales, que se constituirán en base central de la demanda territorial indígena.

El Bosque Chiman, cuya condición de Reserva de Inmovilización Forestal declarada en 1978, fue suspendida en 1986, autorizando el ingreso de varias empresas madereras, que iniciaron actividades extractivas en 1988.

El Isiboro Secure, reconocido como parque nacional en 1965, que tuvo que soportar desde 1980 el ingreso de colonizadores; además del desarrollo de un creciente proceso de cacería, acicateado por la demanda internacional de cueros de fauna silvestre.

Finalmente, el Ibiato (Loma Alta), donde se otorgaron dotaciones agrarias a, por lo menos, once estancias ganaderas, lo que casi provocó que los Sirionó se levanten en armas en julio de 1989 contra el avasallamiento de los ganaderos, medida que fue suspendida por la oportuna intervención de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo.

El 16 de agosto la marcha parte de Trinidad rumbo a La Paz, con 300 marchistas de los pueblos movima, yuracaré, mojeño y sirionó del Beni; en el camino se incorporaron guaraníes de Chuquisaca, matacos del Chaco, tacanas del Norte de La Paz, mosetenes del Alto Beni y urus chipayas del Altiplano, hasta superar los 800 marchistas. Al llegar a La Paz, después de 34 días de caminata y un recorrido de más de 700 kilómetros, en la cumbre nevada de la cordillera en medio de sonidos de pututus (cuernos) y el ondear de whiphalas (banderas indígenas) fueron recibidos por aymaras y quechuas y con ellos sellaron un pacto de sangre con el sacrificio ritual de una llama (Cf. Albó 1996).

A pesar de los intentos de división y desacreditación de la marcha por parte del gobierno, de los círculos de empresarios y sectores del comité cívico del Beni, ésta despertó una solidaridad nunca antes vista en la historia del país entre los sectores urbanos, además de un gran impacto mediático.

El gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) presionado por las circunstancias se apresuró en aprobar tres decretos supremos mediante los cuales se reconoció legalmente cuatro territorios indígenas: Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), Territorio Indígena Multiétnico Chimanes (TIMCH) y Territorio Indígena del pueblo Sirionó en el Ibiato y un área de 30.000 hectáreas en el Monte San Pablo. Apruebó además, un cuarto decreto, donde se declaró la intención de promulgar una ley específica para pueblos y comunidades nativas que más adelante se conocerá como Proyecto de Ley para los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía.

Desde entonces la noción de territorio se impuso en el debate público y asumido también por los pueblos campesinos indígenas de tierras altas como parte de su agenda política y empiezó a abrirse brecha dentro la legislación boliviana.