El proyecto de Ley Agraria Fundamental fue aprobado por consenso en el Primer Congreso Nacional Campesino sobre Reforma Agraria, convocado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1984.

Este proyecto representa el planteamiento campesino e indígena más importante y radical de transformación estructural de la cuestión agraria en el país. Su importancia fue tan grande y significativa para el movimiento campesino e indígena, que por muchos años constituiría el punto clave de referencia de sus movilizaciones, propuesta central de sus pliegos petitorios e incluso, llegaría a considerarse la expresión más connotada de autoreconocimiento de su propio sistema alternativo de normas.

Se pueden mencionar varios aportes significativos contenidos en la Ley Agraria Fundamental, tales como la demanda de los derechos originarios de las comunidades, la propuesta económica de la Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA); la cogestión de la CSUTCB en niveles gubernamentales, autonomía y otros. En lo que sigue, nos detendremos en la descripción de las propuestas relacionadas con la temática de la tierra y el territorio.

Respecto de la temática de la tierra, el proyecto se sustenta en dos principios centrales que constituyen un quiebre radical en relación a la concepción de la reforma agraria de 1953 cuya orientación fue liberal capitalista y parcelaria.

El primer principio señala que la tierra es para quien la trabaja personalmente. Con esta disposición se propuso lograr un doble resultado: por una parte, revertir la propiedad ociosa, es decir la propiedad que no se encuentra trabajada y que, por esta razón, es considerada latifundio y; por otro lado, acabar con la explotación en el proceso productivo agrario, es decir, no basta que la propiedad esté trabajada, además se debe demostrar que este trabajo es directo, personal; que haya fusión entre la detentación de un predio y su intervención laboral, por parte del mismo operador. Por tanto, el propietario que hace trabajar su predio y se beneficia de esta manera del producto del trabajo ajeno, pierde el derecho de propiedad.

El segundo principio es el trabajo asociado y colectivo, como base del derecho de propiedad sobre la tierra. Con este principio se busca contrarrestar la tendencia hacia la individualización de la producción o parcelamiento de la propiedad. En este sentido, se reconoce como unidades de producción agropecuaria el trabajo familiar, comunitario, asociado y estatal.

¿Qué señala el proyecto en relación al territorio? La cuestión del territorio no se encuentra explicitada, menos racionalizada como derecho en el proyecto. Sin embargo, podemos encontrar un desarrollo embrionario del derecho al territorio vinculada a la demanda del ejercicio de una jurisdicción comunitaria sobre el acceso a la tierra y el manejo de los recursos naturales.

El territorio, como demanda y derecho del movimiento campesino aymara y quechua será incorporado de forma explícita en su agenda política recién a partir de la década de los 90, como parte del debate internacional realizado en los marcos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la celebración de los 500 años de resistencia en 1992.