Como parte de su programa de Gobierno, el Presidente Evo Morales (2005), puso en marcha un ambicioso programa de transformación de la estructura agraria en el país que pretende corregir los resultados deficientes en el proceso de saneamiento de tierras; la falta de atención a las demandas de distribución de tierras fiscales a campesinos e indígenas sin tierra; las imprecisiones, contradicciones y vacíos legales identificados durante diez años de aplicación de la Ley INRA.

Como primera medida, promulga siete Decretos Supremos, denominados “Los Siete Surcos”, en los cuales se establece que las tierras fiscales sean dotadas exclusivamente a comunidades indígenas y campesinas, además se declara de emergencia nacional la conclusión del proceso de saneamiento de la propiedad agraria.

Como segunda medida, impulsó la discusión de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, norma modificatoria de la Ley INRA.

La propuesta gubernamental contó con un amplio respaldo de organizaciones campesinas e indígenas del país, pero fue rechazada por los sectores de oposición parlamentaria (Unidad Nacional UN y Poder Democrático y Social PODEMOS) quienes no aprobaron esta medida al interior de la cámara de senadores donde tenían mayoría. En sintonía esta postura de la oposición parlamentaria, sectores agroindustriales agrupados en la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) rechazaron la propuesta de ley y amenazaron con tomar medidas de presión en caso de que la misma sea aprobada.

En este contexto diversas organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores decidieron iniciar una marcha rumbo a La Paz para presionar, mediante un cerco al Congreso de la República, la aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

La marcha se inicia el 31 de octubre y, finalmente, las columnas de marchistas arriban a La Paz el 28 de noviembre. Por lo tanto, presionados por el cerco de miles de campesinos, indígenas y originarios, se convocó a sesión de Congreso, con la participación de senadores suplentes de los partidos opositores y, al promediar la media noche del 28 de noviembre, se sancionó la nueva ley de tierras, la misma que incorpora importantes avances en materia agraria, entre los más importantes podemos señalar los siguientes:

- Nuevos criterios para la evaluación de la Función Económico Social (FES). El pago de impuestos ya no es reconocido como prueba para demostrar la FES de la tierra y no justifica el derecho propietario, tal como sucedía con la Ley INRA.

- Las tierras expropiadas o revertidas se distribuyen de manera gratuita a comunidades indígenas y campesinas que, como resultado del proceso de saneamiento, hayan quedado sin o con escasa tierra. De acuerdo a la Ley INRA estas tierras sólo podían utilizarse con fines públicos o ser vendidas en concurso público.

- Las tierras fiscales a ser distribuidas a comunidades indígenas originarias y campesinas, deben mantener su calidad de tierras comunales, prohibiéndose su parcelamiento y venta.